El PP de Vila aseguró ayer que el equipo de gobierno municipal podría incurrir en un posible delito de prevaricación en la adjudicación definitiva del servicio de asistencia técnica y jurídica para la creación de la futura mancomunidad para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los municipios de Eivissa y Sant Antoni.
Según explicó la concejala popular María Fajarnés en rueda de prensa, la empresa PW Advisory & Capital Services, la única que se presentó a la licitación para prestar asistencia en la creación de la mancomunidad por un importe de 54.450 euros, fue adjudicataria también de un informe previo para estudiar la viabilidad de la mancomunidad en 2016 por la que cobró 20.000 euros.
Fajarnés recalcó que el pliego de condiciones de la contratación para crear la futura mancomunidad establece que «no se pueden concurrir a la licitación las empresas que han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato». Por este motivo, los populares consideran que la mera admisión de la empresa para participar en el expediente de contratación es «una ilegalidad manifiesta».
Por otra parte, la portavoz del PP de Vila, Virginia Marí, acusó al alcalde, Rafa Ruiz, de «ignorar» el requerimiento de la Delegación de Gobierno de Baleares para anular la Oferta de Empleo Público del Consistorio para 2016 por «incumplir la legalidad vigente», lo que convierte a los miembros del equipo de gobierno municipal, en «insumisos a la ley». También criticó que se haya tardado 21 meses en aprobar el expediente para contratar la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo (RTP).
Respuesta de Can Botino
Tras la rueda de prensa del PP, el primer teniente de alcalde de Vila, Alfonso Molina, acusó a los populares de criticar el proceso de licitación de la nueva contrata de agua después de que, en la anterior legislatura, los populares movieran «cero papeles» para renovar una contrata de agua «que estaba agotada hace mucho tiempo».
Además, acusó al PP de «criticar una adjudicación que todavía no se ha producido». «El PP cree que las cosas se hacen sin los informes preceptivos», añadió.
Molina también aseguró que el equipo municipal hará la RPT «de la mano de los servicios jurídicos y no haciendo caso a los diagnósticos agoreros del PP».