La Sareb, Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como el ‘banco malo', dispone de un total de 21 viviendas en la isla de Ibiza que provienen de desahucios y que no quiere ceder para que se destinen a alquiler social.
Así lo aseguró ayer la vicepresidenta del Consell d'Eivissa, Viviana de Sans, tras la reunión que mantuvieron en la sede de la institución insular integrantes de la Plataforma Antidesahucios (PAH) con representantes de La Caixa y Banco Popular, las dos únicas entidades bancarias de las 7 que estaban invitadas a este encuentro para consensuar medidas que pongan fin a los desahucios en la isla.
De Sans calificó de «intolerable» la negativa de la Sareb de ceder al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) esta veintena de casas para que se gestionen como viviendas sociales. «En Ibiza dijeron que tenían muy pocos pisos y que no cedían ninguno porque había mucha demanda y ellos están para vender pisos», señaló.
En estos momentos, el Consell está recopilando la información para tratar de saber cuántas viviendas de este tipo tiene cada entidad en Ibiza con el objetivo de poner sobre la mesa estos datos y «apretar un poco más» en la reunión que en abril harán de nuevo con entidades bancarias y la PAH.
Desde el Consell, se reclamó a los representantes de los bancos que apliquen una serie de medidas contempladas en el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras aprobado por el Gobierno. En el transcurso de la reunión, los representantes ibicencos de los bancos únicamente se comprometieron a estudiarlas. En este sentido, de Sans confió que en la próxima reunión «se confirme el compromiso que han adquirido y se pongan manos a la obra».
Por su parte, Gloria Corral, en representación de la PAH, pidió al Gobierno que «plante cara a los bancos y sea valiente» para cambiar una ley hipotecaria nacional que permitiría que «los bancos dejen de tener poder sobre la gente».
Según dijo, en estos momentos hay entre 15 y 20 casos de desahuciados en Ibiza «que aún no han encontrado una solución». Entre ellos, uno de los presentes en la reunión, Elio Bonilla, a quien desahuciaron de su casa hace 8 años. Desde entonces, tiene parte de su sueldo embargada para pagar la diferencia que debe el banco, aparte del dinero que debe destinar a un nuevo alquiler. «Temo que al jubilarme no podré quedarme en Ibiza por el elevado precio del alquiler», lamentó Bonilla.
El Consell acusa al ‘banco malo' de tener 21 viviendas en Ibiza que no quiere ceder
Amàlia Sebastián | Eivissa |