El propietario de una furgoneta y una autocaravana preparadas para ser alquiladas como viviendas, por 650 y 1.200 euros al mes, respectivamente, se enfrenta estos días no solo a las críticas por parte de multitud de ciudadanos sensibilizados con el problema de la vivienda en Ibiza, sino también a numerosas infracciones.
Las ordenanzas municipales de los ayuntamientos de la isla prohíben expresamente acampar en las vías y espacios públicos o privados de uso público en tiendas de campaña, vehículos, autocaravanas o caravanas. Las normativas de convivencia y uso de los espacios públicos impiden dormir de día y de noche en estos entornos, por lo que el sujeto que este miércoles alardeaba en varios informativos nacionales de hacer negocio con esta práctica podría tener contados sus días de éxito empresarial.
En el reportaje concedido a la productora Mediaset y emitido este miércoles por los informativos de Telecinco y Cuatro, el propietario de estos dos vehículos explicaba con asombroso descaro que los eventuales inquilinos «tienen para dormir y cocinar con un hornillo y ya está, con eso se apañan». De hecho, ha puesto en alquiler una segunda furgoneta por 1.200 euros al mes y, visto el éxito del negocio, está «pensando en comprar dos furgonetas más», según admitió.
El conseller de Medi Ambient, Miquel Vericad, recordó ayer al respecto en las redes sociales que «las ordenanzas municipales prohíben la acampada», y dormir «en furgonetas, roulottes y coches casas es acampar», aclaró. Además, explicó que el PTI «prohíbe expresamente en suelo rústico la instalación de elementos habitables, móviles o prefabricados».
Vericad aseguró que en base a estas infracciones «el ayuntamiento puede actuar», y señaló que la jurisprudencia «ha asentado» que para considerarse acampada en coches casa, furgonetas o roulottes «han de darse uno o varios de los siguientes elementos: elementos desplegables abiertos, estabilizadores, conexión de agua o luz, dormir, cocinar dentro».
Al margen de infringir la ordenanza de usos del espacio público, que afectaría a los hipotéticos inquilinos, el propietario en cuestión podría ser investigado por Hacienda por no declarar sus ingresos y por la inspección de Turisme, al realizar una actividad profesional de arrendamiento de vehículos que plantea un negocio con mayores requisitos que un arrendamiento de vivienda. También podría incurrir en un delito de estafa al aludir en su anuncio a una supuesta normalidad en este tipo de usos, para convencer al eventual cliente.