La Conselleria d'Educació i Universitat reaccionó ayer con indignación ante el anuncio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de rebajar de siete a cuatro asignaturas, cinco en las comunidades con lengua propia, entre ellas Balears, la reválida de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Como se recordará, el ministerio tenía la intención de implantar reválidas con efectos académicos. Sin embargo, tras las últimas elecciones generales, y con el Gobierno de Mariano Rajoy en minoría, el ministerio despojó las reválidas (en 6º de Primaria y 4º de ESO) de efectos académicos. Además, no sirven para obtener un título académico y serán muestrales y no censales, es decir, no se evaluará a todo el mundo.
La indignación de la conselleria responde, en palabras del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, a que «el ministerio decide cambios en la reválida de ESO en el último trimestre de curso y cuando sólo queda poco más de un mes para realizar estas pruebas. Es un ejemplo insólito de improvisación. La conselleria y los propios centros deben saber cómo evaluar y cómo van a ser estas pruebas a principio de curso, no a partir de ahora. Estamos planificando unas pruebas y resulta que el ministerio decide cambios, y lo hace con un borrador que todavía no está definido. Ni siquiera sabemos si las pruebas van a ser controladas por profesorado del centro o externo. Es inadmisible. Sin tanta improvisación, nos podríamos haber ahorrado mucho tiempo de incertidumbres y discusiones».
Rapidez
Por su parte, el conseller, Martí March, declaró que «en líneas generales, es positivo que el ministerio tome estas medidas, pues van en la línea de desmontar la LOMCE. Sólo pediríamos que el ministerio sea un poco más rápido a la hora de tomar estas decisiones, pues los que tenemos que aplicarlas somos nosotros, las comunidades autónomas. Luego vienen las prisas y ya se sabe que éstas son malas consejeras». March añadió que «ya estábamos prepreparando las pruebas muestrales y ahora sale el ministerio con unos cambios que nos hacen más difícil una preparación adecuada».
En definitiva, el conseller defiende que «la LOMCE deje de ser una ley vigente y que del debate sobre el pacto educativo en el Congreso surja una nueva ley consensuada».