Dada la situación de emergencia que en materia de vivienda padecen las Pitiusas, fruto de la codicia desenfrenada que lleva a muchos a pedir auténticas barbaridades por alquilar una habitación o incluso un colchón en una habitación a compartir, hemos de comenzar a hablar de corrupción ciudadana. Tras la corrupción política viene ahora la corrupción común, asequible a todo el mundo y que tienta a todo aquel que ahora disponga de un sofá, una cama, no digo ya una habitación donde quepan dos camas. Por cada cama se pueden pedir 400 e incluso 500 euros, gastos aparte, y aún habrá quien diga que es una ganga. Todo en negro, por supuesto, que demanda no faltará. El que tiene un piso vacío puede pedir una auténtica fortuna, que se la pagarán, pero no será un médico de Can Misses con su familia, ni un profesor de instituto, ni un policía nacional, porque estará fuera de alcance. Pero no importa, porque se ha instalado en la conciencia colectiva que de lo que se trata ahora mismo, a estas alturas de temporada, es sacar el máximo beneficio de cualquier posibilidad de alojamiento, sin atender nada más. Vamos, como hizo Josep Marí Ribas ‘Agustinet', alcalde de Sant Josep de Sa Talaia, cuando subastó los lotes de playa al mejor postor. Haciéndolo nuestros líderes políticos la senda está marcada y no queda más que copiar el ejemplo. Y así estamos.
● Porroig.
Los hay que recurren a la ‘okupación' para tener casa y los hay que, aun teniendo casa, a menudo de lujo, no se resisten a ‘okupar' un espacio público que no es de su propiedad. Lo que ha sucedido esta semana en Porroig es paradigmático y muy revelador de la gravedad de la situación. Si no se actúa con contundencia y sin remilgos, no habrá forma de hacer que la gente respete la Ley y la propiedad privada, pero también la propiedad pública. Gente que se cree con derecho de tomar aquello que está a su alcance, sin más derecho que su libre albedrío y voluntad. Afortunadamente, la conciencia social y medioambiental de muchos ciudadanos hace que rápidamente se denuncien casos como el vivido esta semana en las redes sociales y obligando a las autoridades competentes a actuar, aunque no sabemos con qué consecuencias para los usurpadores..
● Airbnb.
Terraferida reveló este sábado la magnitud de la oferta de vivienda vacacional que oferta el portal Airbnb, quizás la más importante de las webs de comercialización de este segmento turístico. 4.716 alojamientos con un total de 26.915 plazas. Sencillamente brutal. No hay por qué pensar que todas ellas son ilegales, pues habrá muchas que estén regularizadas y dadas de alta como alquiler vacacional. Pero ¿cuántas de esas plazas son ilegales? Terraferida estima que el 80% podría ser ilegal. He aquí la razón por la que ahora mismo es casi imposible encontrar vivienda a precio razonable en Ibiza y Formentera. El mercado de alquiler residencial está desprovisto de alojamientos porque casi todos, en esta época del año, son destinados a los turistas.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos, además de volver a manifestarse como hicieron ayer los de la plataforma de afectados por los alquileres? Las autoridades deben reforzar la inspección y aplicar sanciones económicas muy duras -recurriendo incluso al precinto de los inmuebles en caso de reincidencia-, que disuadan a los propietarios de pisos de alquilarlos a turistas, sino a residentes y trabajadores. Pero los muchísimos ciudadanos que también están ahora mismo alquilando una habitación o una cama a algunos de los currantes que vienen a hacer la temporada, deben moderar su avaricia y dejar de exigir barbaridades por una simple cama en una habitación compartida. Es responsabilidad de todos parar esta espiral perversa y autodestructiva en la que cualquiera puede verse atrapado en cualquier momento. No se puede criticar la corrupción política y a la vez montar tiendas de campaña en una terraza y cobrarlas a precio de oro, o alquilar furgonetas con una cama plegable dentro, como si fuesen apartamentos en Playa d'en Bossa. Y del mismo modo en que criticamos en las redes sociales a un restaurante por cobrar mucho por comer a la carta junto al mar, debemos censurar a aquellos que sacan tajada de la situación insostenible e inaudita que atraviesa la isla en materia de vivienda. Se dirá que se trata de la ley de la oferta y la demanda y cada cual es libre de lavar su conciencia del modo que quiera, pero luego no vale quejarse de las listas de espera en Can Misses o de los robos en las casas en el campo por falta de funcionarios.