La Junta de Govern del Ayuntamiento de Eivissa dio ayer luz verde a iniciar el procedimiento por vía penal para desalojar a las personas que ocupan de manera ilegal desde hace un mes las viviendas de propiedad municipal situadas en la calle Santa Creu de Dalt Vila.
Así lo anunció ayer el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, quien confió en que «el procedimiento legal vaya a buen ritmo y podamos recuperar pronto unas viviendas que son patrimonio del Ayuntamiento».
Ruiz explicó además que «están en marcha» los trámites anunciados hace más de un año para destinar los tres pisos que Vila tiene en este edificio a personas en situación de emergencia social. «No tardaremos mucho porque la presión es máxima y debemos tener estos pisos ocupados por personas que vengan pautadas por los servicios sociales del Ayuntamiento», explicó.
Según el alcalde, estos tres pisos serán «una extensión» de las actuales instalaciones de es Pratet que actualmente están «saturadas» y «el siguiente paso» para personas que quieren acceder a una vivienda «sin tener un seguimiento tan estricto como en el albergue».
Ruiz también hizo alusión a los trámites para que los efectivos policiales que vengan de fuera destinados a Ibiza puedan alojarse en las seis casas que el Consistorio de Vila tiene en el barrio de sa Penya. El Ayuntamiento ha enviado una propuesta de convenio para ceder estas casas de manera temporal a la delegación del Gobierno en Balears que, en estos momentos, está estudiando el Ministerio del Interior para comprobar su legalidad.
Rafa Ruiz destacó que los servicios jurídicos del Consistorio ha elaborado «en tiempo récord», unas dos semanas, el convenio para poder ceder estas viviendas, cuyo interior será reparado por el Ayuntamiento para que los agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil puedan entrar a vivir.