Visto para sentencia el juicio contra un vecino de Sant Josep que se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel por un delito contra la salud pública, ya que está acusado de vender marihuana a chicas menores de edad en Ibiza, adolescentes que también habrían sido amenazadas por el acusado.
Alejandro V.O., fue detenido en su casa tras la denuncia presentada por los progenitores de tres menores de edad a las que había suministrado drogas para su consumo o para que las vendiesen a terceros en es Pratet.
Durante el registro domiciliario, los agentes encontraron dos plantas de marihuana, dos lámparas, cuatro paquetes de fertilizantes y cinco bolsitas de marihuana.
La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, dejó ayer el juicio visto para sentencia tras escuchar el turno de última palabra del acusado, quien advirtió que la presencia de plantas y fertilizantes en su casa responde al hecho de que es jardinero y añadió ser consumidor de cocaína pero no de marihuana.
El Ministerio Fiscal subrayó que todas las pruebas aportadas y los testimonios prueban la denuncia presentada por los padres de la niñas, denuncia que ayer ratificaron. El padre de una de las niñas fue quien descubrió los hechos después de que suhija sufriese en un ataque epiléptico. El padre llevó a la menor al hospital y al ir a buscar en su bolso la tarjeta sanitaria le descubrió una bolsita conteniendo marihuana. La menor explicó a su padre que la droga se la suministraba un joven que acudía en moto a la plaza de es Pratet. El padre contactó telefónicamente con el acusado y le advirtió de que esta situación había terminado. Asimismo, le preguntó si le debían dinero, a lo que el acusado le respondió que no.
Posteriormente y según el testimonio de las menores y de sus padres, el acusado empezó a amenazar a una de las chicas a través de WhatsApps. Según denunció el progenitor de una de las menores, el acusado les reclamó a los padres 3.200 euros.
La letrada de la defensa solicitó la libre absolución ya que, según defendió, el acusado padece una discapacidad del 65 por ciento que le hace inimputable.