El Govern aprobará un decreto ley contra el intrusismo en el sector del transporte en el que se contemplan sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros para quienes oferten taxis pirata a través de internet o por otros medios de difusión.
Aunque inicialmente el departamento de Pons se planteaba modificar la Ley de Transportes de 2014, finalmente ha optado por introducir las novedades a través de un decreto para garantizar su entrada en vigor durante la próxima campaña turística, en la que se aplicará, como el año pasado, un plan específico de inspecciones contra el intrusismo.El decreto considerará infracción muy grave publicitar servicios de taxi piratas o de otros tipos de transportes no autorizados y además aumentará el tiempo de inmovilización de los vehículos empleados para esos servicios. También regulará la intermediación entre empresas para facilitar los contratos entre compañías para cubrir demandas imprevistas.
Como el año pasado entre junio y septiembre, doce inspectores, con el apoyo de policías locales y de la Guardia Civil de tráfico, vigilarán la oferta de los taxis pirata en Son Sant Joan y el aeropuerto de Ibiza.