Discrepancia de opiniones sobre el primer decreto de protección de posidonia en Balears. Mientras los grupos ecologistas felicitaban ayer al Govern por la medida proteccionista, el sector náutico está molesto no solo por el contenido de la nueva norma sino también por las formas en que se ha hecho público. Todas las asociaciones consultadas por este periódico criticaron ayer que la Conselleria de Medi Ambient presentara el decreto a la prensa sin informar previamente al sector, y alertan de que con el actual articulado se abre la puerta a una posible ‘privatización' del mar. La instalación de boyas ecológicas acarreará pagos que, en la actualidad van de 15 a 40 euros por día, y puede beneficiar a las empresas concesionarias de estas instalaciones.
NAVEGANTES
Dos años esperando una reunión con Armengol
El presidente de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, Biel Dolç, criticó ayer «las formas» del Govern al presentar un decreto sin antes consultar al sector. «Desde octubre de 2015 hemos solicitado diversas reuniones con la presidenta Francina Armengol para tratar este tema y no nos ha recibido», lamenta, mientras recuerda que representan a unas 25.000 personas del sector que ahora se han sentido ninguneadas. Dolç destaca que la protección de la posidonia no debe limitarse solo a los fondeos, sino que hay «un problema más grave que no se analiza en profundidad». Añade que con la instalación de boyas ecológicas fijas se puede «privatizar el mar» ya que serían las administraciones o empresas concesionarias las que ganarán dinero con esta medida. «Para ir de excursión por la montaña no se paga peaje, ahora sí se pagará para navegar».
CLUBES
Puerta abierta a puertos encubiertos
El gerente de la Asociación de Clubes Náuticos de Balears, Rafel Palmer, se muestra preocupado por cómo el Govern fijará las delimitaciones de las zonas de fondeo ya que «en la actualidad hay mapas mal dibujados con zonas LIC que dice que hay posidonia y son zonas de arena». Palmer destaca también que este decreto puede suponer «una puerta abierta a la instalación de boyas de pago, lo que supondría puertos encubiertos». «El mar debe ser libre y de todos», recalca.
ANEM
Dejar el sector en manos de unos pocos
De igual forma se postula el secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, Carlos Sanlorenzo, quien destaca que el sector «es el primer interesado en la protección de la posidonia». Lamenta también que no se haya consultado al sector antes de presentar el borrador, y recalca que permitir el fondeo solo con boyas ecológicas «puede ser una opción interesante, siempre que no se deje su gestión en manos de unos pocos, lo que significaría pervertir la actividad náutica».
GOB
Felicita al Govern por la protección
El grupo ecologista GOB felicitó ayer al Govern por la regulación de «dos usos especialmente impactantes para la posidonia». Se refieren a la prohibición del fondeo tradicional y a la retirada de la posidonia muerta de las playas. Lamentan que la nueva normativa no se podrá aplicar este verano por lo que recuerdan que «no hay que perder más tiempo».
TERRAFERIDA
Mejora considerable sobre otros borradores
Terraferida también se ha congratulado con el decreto que «mejora considerablemente los borradores anteriores y recoge buena parte de nuestras reivindicaciones». Apuntan que hay aspectos «mejorables» como la eliminación de boyas ilegales o la posible autorización de nuevas instalaciones de boyas ecológicas que Terraferida recuerda que podrían «aumentar la presión sobre las praderas».
PESCADORES
Perjudica a los navegantes isleños
El sector de la pesca recreativa también se ha postulado en contra del nuevo decreto. Bernadí Alba, de la Asociación de Pesca Recreativa Responsable, la califica de «disparate». Alba también critica que no se haya consultado previamente al sector y asegura que el decreto «criminaliza a la gente de aquí, ya que ataca directamente a los navegantes de Balears, no a los de fuera».
AL MARGEN
Vertidos de los emisarios y puertos
Otro de los puntos importantes del nuevo decreto presentado el martes es el control de los vertidos derivados de los emisarios que, a partir de la entrada en vigor de la norma, administración y empresas tendrán un periodo de 5 años para presentar un proyecto de adecuación de la actividad para que no perjudique la posidonia. Así garantiza su conservación y que los vertidos no afecten la especie.
Además, en los recintos y zonas de servicios portuarios donde haya praderías, los titulares de su gestión tendrán un año para elaborar un plan de conservación o compensación.