El albergue pirata de Sant Antoni en el que viven hacinadas más de 100 personas en 50 habitaciones minúsculas funciona al estilo de una prisión, con numerosas normas, videocámaras de vigilancia y una política de expulsión que mantiene atemorizados a sus arrendatarios.
Este periódico recabó ayer el testimonio de otro de los inquilinos de la polémica mansión, quien prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias. Asegura que el casero «engaña» a los potenciales ocupantes con su anuncio en internet, en el que indica que «únicamente hay 10 habitaciones» en la vivienda «y que todo está muy bien».
«Cuando llegas aquí te encuentras que hay más de 50 habitaciones y 100 personas. Te sientes engañado, pero ya no tienes a dónde ir», lamenta este joven trabajador de temporada, que afirma que el inmueble «parece una prisión»: «Lo primero que hace el casero es obligarte a leer en alto el contrato, que tiene un montón de normas. ‘No puedes hablar alto a partir de las 22, no puedes quedarte por la noche cerca de la piscina', y a la mínima que hagas, te echa. Si él te echa, se queda con la fianza y mete a otro. Hay algunos que han visto el tema y a los 3 o 4 días se han ido y no te devuelve la fianza».
Así perpetra su sombrío negocio el empresario ibicenco, que puede llegar a ganar en un solo verano más de 250.000 euros alquilando camas por 400 euros al mes.
Todos empadronados
Otra de las cosas que más le sorprendieron a nuestro confidente es que al firmar el contrato le empadronaron sin problemas en el Ayuntamiento de Sant Antoni. «La cuestión es que si esto es ilegal, ¿cómo nos están empadronando en esta casa? No estamos viviendo dignamente, hay tres o cuatro cámaras mirándonos y solo queremos tranquilidad. Si nos van a echar, que por lo menos nos devuelvan nuestro dinero. Todos aquí pensamos que esto no es legal. En una casa con 110 camas y vivimos 114 personas yo creo que no es legal.
Pero cuando ves que estamos todos empadronados en el ayuntamiento...», se cuestiona este joven.
Un grupo de inquilinos le comentó anteayer al casero que la prensa estaba detrás del caso, pero el arrendatario con el que ha hablado esta redacción asegura que el casero «dijo que no pasaba nada, que eso suponía más publicidad para él». «Nos dijo que va a seguir con esto, que nadie iría a la calle y que todo iba a seguir igual», apunta. Pero las condiciones son cada vez más insoportables en esta pensión ilegal. «Llevamos dos fines de semana sin agua, preguntándole que qué pasa. Dice que ya lo arreglará, pero nada», subraya este inquilino.
Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni, el concejal Juanjo Ferrer explicó que se ha iniciado un expediente urbanístico contra el propietario del chalet tras una inspección en la que se comprobó que se habían realizado obras, sin licencia, para distribuir las diferentes estancias y cuartos de baño. Sin embargo, señaló que la actividad «es completamente legal».
Además, el alcalde José Tur ‘Cires' se reunió con el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, «para valorar las actuaciones que se deben tomar para detener esta actividad, tanto por parte de estas administraciones como por parte de la Dirección Insular del Estado». Según indicó en un comunicado, el Consell considera «que se debe actuar de manera contundente contra este tipo de prácticas que atentan contra las personas».
LA NOTA
Infracción urbanística, Agencia Tributaria y habitabilidad
El profesor y asesor en derecho Sergio Carrasco recordó ayer que «el tener un contrato no implica que lo que haga sea legal». El experto considera que el propietario de la vivienda incumple los requisitos de la LAU, que en caso de arrendamientos de temporada exige el depósito de dos meses de fianza por cada contrato y que éstos se depositen en el IBAVI. También opina que el casero realiza «una actividad económica más que un mero arrendamiento de la LAU». Además, apunta a una infracción urbanística y de habitabilidad por realizar modificaciones sin licencia, y sospecha que tampoco se tributan las cantidades obtenidas.