El grupo Popular en el Ayuntamiento de Vila ha informado que solicitará al equipo de Gobierno explicaciones sobre las consecuencias que tendrá para la tramitación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la renuncia del arquitecto contratado para emitir el informe sobre el resultado de la exposición pública y elaborar y redactar las modificaciones de carácter urbanístico surgidas en atención a las enmiendas y alegaciones acordadas para la aprobación definitiva de esta norma urbanística. Los ‘populares' han acusado al alcalde Rafel Ruiz de “ocultar esta renuncia a los vecinos del municipio y a los grupos de la oposición”, a pesar del ofrecimiento de “total colaboración” que siempre ha brindado el Partido Popular, quien inició el procedimiento para dar solución a un problema que es consecuencia directa de los “errores del PSOE en el proceso de aprobación” de este instrumento de planeamiento iniciado en 2003
El Grupo Popular de Vila ha señalado que hace poco más de una semana el primer teniente de Alcalde, Alfonso Molina, firmó el decreto número 2950 para declarar resuelto el contrato de servicios de "Redacción de Elaboración, análisis y redacción de las memorias y documentación gráfica de orden urbanístico del Plan General de Ordenación Urbanística de Eivissa" formalizado el 28 de octubre de 2015 entre el Ayuntamiento y el arquitecto Ángel García de Jalón Lastra, dada la renuncia expresa del contratista a continuar ejecutando los trabajos contratados.
Por otro lado, desde esta formación política han detallado que el contrato firmado con García de Jalón, por un precio de 53.845 euros y una ejecución por plazos parciales de 3 meses y medio, incluía la formulación de un Avance del Plan (fase 1); la emisión de informe resumen del resultado de la exposición púbica y solicitud de informes a las administraciones correspondientes de la aprobación inicial del Plan (fase 2); la elaboración y redacción de las modificaciones de carácter urbanístico para la aprobación provisional, atendiendo a las alegaciones, observaciones e informes recopilados, debiéndose realizar en un año desde la aprobación inicial (fase 3) y, la elaboración y redacción de las modificaciones surgidas en atención a las enmiendas o alegaciones acordadas, en su caso, por el órgano competente para la aprobación definitiva (fase 4).
El contratista, que, según el PP, únicamente ha ejecutado y cumplido la fase primera del contrato, solicitó en junio del año pasado la resolución por mutuo acuerdo entre ambas partes del contrato de servicios, alegando, entre otros motivos, que el servicio incluía “tareas indeterminadas” y por considerar que “los plazos de ejecución son cortos". Un aspecto que “el Ayuntamiento inadmitió en noviembre la petición de resolución de mutuo acuerdo para no darse las causas legales del mismo según los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio y, en febrero, se remitió al arquitecto el resultado de las alegaciones e informes presentados durante el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de la Revisión del Plan General, con el fin de ejecutar la fase 2 del contrato, que debía cumplimentar antes del 13 de marzo, plazo que incumplió, reiterando su voluntad de no continuar prestando el servicio”. Finalmente, según ha añadido el PP, el 25 de abril de 2017 el contratista presentó por registro electrónico la renuncia expresa a continuar con la prestación del servicio y desistió del recurso contencioso que había interpuesto contra el Ayuntamiento.
Los ‘populares' han denunciado la “nula la información” que ha ofrecido el equipo de Gobierno a los vecinos del municipio y los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento sobre estos hechos, que retrasarán aún más la tramitación del PGOU de la ciudad, y exigen a PSOE-Guanyem explicaciones sobre su “falta de transparencia, más aún teniendo en cuenta el ofrecimiento permanente de colaboración del Partido Popular en este asunto”.