El propietario del albergue ‘pirata' de Sant Antoni defendió ayer su negocio en El Programa de Ana Rosa. «Decidme, ¿qué hay de malo en lo que estoy haciendo?», preguntó Agustín a los periodistas e intentó justificar su decisión: «Estoy sacando un dinero de mi casa porque llevo 25 años pagándola. La hipoteca que se paga mensualmente de una casa que vale lo que vale es superior a los ingresos que se recogen».
Cuestionado por la legalidad de las 50 habitaciones en las que ha dividido su vivienda y en las que viven más de cien personas, Agustín aseguró que en Ibiza no hay una normativa que regule los albergues. «Esto no está regulado, no se puede hacer un albergue o un hostel porque no se permite. Lo estuve mirando y no se puede.
Yo he intentado que alguien me diga qué requisitos he de cumplir y no existen. Yo no tengo ningún problema en regularizarlo, al contrario. Yo lo legalizaría y viviría más tranquilo», se justificó Agustín.
El casero de la vivienda de Sant Antoni también aseguró ante las cámaras del programa de Telecinco que la inspección que llevó a cabo el Ayuntamiento portmanyí fue por cuestiones de higiene a raíz de una denuncia de una inquilina que dejó de pagar las mensualidades. Agustín señaló que el informe municipal asegura su vivienda reúne las condiciones de salubridad.
En el programa presentado por Ana Rosa Quintana también intervino Antonio, el periodista que destapó la actividad de Agustín gracias a un reportaje realizado con cámara oculta. Antonio contó que «en (la cárcel de) Soto del Real están mucho mejor que en esa casa, que tiene una habitación con ocho camas, con colchones llenos de sangre... Tan bien no está la casa. Este hombre ha colocado camas en cualquier sitio».
La vicepresidenta primera del Consell d'Eivissa, Viviana de Sans, también se refirió ayer a los polémicos alquileres de habitaciones en esta casa de Sant Antoni. «Es un tema del todo irregular que se tiene que combatir con absoluta contundencia», dijo la vicepresidenta podemita.
De Sans señaló que desde el Consell han ofrecido «nuestra absoluta colaboración para actuar ante casos tan increíbles y tan fuera de lugar. Tiene que quedar claro que estas actividades no pueden quedar impunes, que todas las administraciones competentes tienen que actuar contra estas actividades que se están enriqueciendo de forma ilegal basándose en una necesidad tan importante como el derecho a la vivienda».
«Posibles irregularidades»
La vicepresidenta podemita destacó que las competencias en inspección urbanística las tiene el Ayuntamiento de Sant Antoni, pero que «otras administraciones también tendrán cosas que decir», en referencia a la Delegación del Gobierno.
«Lo que se ha visto es que hay indicios de que podrían coexistir varias irregularidades que afectan a diferentes administraciones», añadió Viviana de Sans, quien apuntó que el Ayuntamiento de Sant Antonio «quiere tener la iniciativa en todo lo que se tenga que hacer y nosotros lo respetamos».
LA NOTA
«A la mínima te echan y se quedan con la fianza»
«Cuando llegas aquí te encuentras que hay más de 50 habitaciones y 100 personas. Te sientes engañado, pero ya no tienes a dónde ir», lamenta uno de los inquilinos, que afirma que el inmueble «parece una prisión»: «Lo primero que hace el casero es obligarte a leer en alto el contrato, que tiene un montón de normas. ‘No puedes hablar alto a partir de las 22, no puedes quedarte por la noche cerca de la piscina', y a la mínima que hagas, te echa. Si él te echa, se queda con la fianza y mete a otro».