Una de las empresas que se presentó al concurso público para prestar el servicio de socorrismo y vigilancia en Sant Antoni impugnó los pliegos de este concurso y, por tanto, su adjudicación a la empresa ganadora al considerar que su oferta económica sí que se ajustaba a los requisitos establecidos por el Ayuntamiento. Entre estos requisitos económicos, Sant Antoni exigía que las empresas debían adquirir el compromiso de incrementar los salarios en todas las categorías laborales en torno a un 40% para adecuarse a las recomendaciones de la dirección general de Emergencias del Govern. «Se presentaron un total de siete empresas. Cuando se hizo la valoración de las ofertas presentadas se detectó que había tres que quedaban excluidas directamente porque, sencillamente, el importe económico que ofrecían no llegaba ni para cubrir los gastos de personal. Las otras cuatro siguieron en el concurso y, finalmente, ganó Vadpesa. A los 15 días, una de las empresas que quedó excluida presentó un recurso, reunimos toda la documentación y lo llevamos a Juzgados, donde sigue estando.
La última vez que nos pasó esto, el juzgado tardó dos meses», explicó Pablo Valdés, concejal de Medi Ambient de Sant Antoni, quien añadió que consultaron a los servicios jurídicos del Consistorio para buscar una solución y poner en marcha el servicio pese a la impugnación ya que «es un servicio obligatorio». «Por ello, se optó por un negociado sin publicidad, se envió la misma oferta a las empresas que habían quedado en primera, segunda y tercera posición y pusieron sobre la mesa los mismos recursos humanos y materiales», apuntó Valdés, quien añadió que el importe de este contrato negociado sin publicidad es de 60.000 euros y que la duración del mismo es, en principio, de un mes. En el caso de que el juzgado se pronuncie antes, inmediatamente este contrato negociado se acaba.
Criterio
Este procedimiento de negociado sin publicidad tiene el reparo del interventor ya que considera que se está contratando el mismo servicio dos veces, «pero el criterio del equipo de gobierno y del secretario es que se trata de un servicio de prestación obligatoria y, ante la posibilidad de que los juzgados tarden mucho tiempo en pronunciarse, no podíamos entrar en junio y no tener socorristas en las playas». «Espero que el juzgado no tarde mucho porque estamos hablando de vidas y seguridad humana y entiendo que irán más rápido», precisó Valdés. Sobre el reparo y el criterio del interventor, el titular de Medi Ambient apuntó que «no deja de ser cierto, pero es verdad que estamos hablando de un servicio de prestación obligatoria».
LA NOTA
15 socorristas en las playas
El Ayuntamiento de Sant Antoni comunicó a la prensa el jueves que ayer viernes empezaba el servicio de socorrismo en las playas del municipio. En total habrá 15 profesionales en las playas de s'Arenal, cala Salada, cala Gració, Caló des Moro y es Pouet. El servicio se prestará de 11.00 a 17.30 horas, pero entre el 1 de junio y el 15 de septiembre el horario es de 10.00 a 20.30 horas. «Se adelanta así la fecha de inicio del servicio con respecto a las anteriores temporadas y se amplía la cobertura horaria para adaptarla a las necesidades y características del municipio», explicaron en la nota de prensa. Está previsto que durante la temporada se incorporen mejoras incluidas en el nuevo contrato, como una caseta de primeros auxilios.