El Ayuntamiento de Santa Eulària ha interpuesto en la última semana siete denuncias por ruidos contra los responsables de distintos establecimientos y domicilios privados en varios puntos del municipio.
Estas infracciones se han cometido en hoteles, establecimientos de ocio, cámpings y viviendas donde los agentes de la Policía Local han constatado que se estaban produciendo «molestias» a los vecinos, según informó ayer el consistorio en un comunicado.
La semana pasada también se realizaron dos sonometrías en un hotel de Cala Llonga y una tercera en un local de ocio de Santa Eulària de los que se ha derivado la apertura de un expediente sancionador contra el establecimiento hotelero.
Campaña
Estas actuaciones responden a la campaña «intensiva» de control de ruidos impulsada por el consistorio coincidiendo con el inicio de la temporada turística para combatir el «abuso que determinados negocios y particulares cometen disponiendo música a un volumen que trasciende al exterior de sus recintos y genera molestias para los vecinos».
La campaña se centra en las zonas de mayor afluencia turística y sobre establecimientos que pueden resultar conflictivos.
La administración municipal señala que se realizarán todas las mediciones que se consideren necesarias a raíz de las denuncias que efectúen los vecinos en caso de que sufran molestias.
Con esta iniciativa, Santa Eulària quiere «contribuir a que todos los establecimientos y vecinos del municipio tomen conciencia de la importancia de respetar los derechos del resto de personas y garantizar su descanso».
El consistorio ha recordado que en enero se aprobó de manera definitiva la Ordenanza Municipal Reguladora del Ruido y las Vibraciones, que fija la obligación de los establecimientos públicos que tienen actividad o ambientación musical de contar con limitadores acústicos.
No disponer de este elemento se considera una infracción grave de la normativa y supone una sanción de entre 1.500 y 3.000 euros.
La ordenanza también fija multas por otros conceptos, tales como los ruidos, con cantidades pueden ir desde los 600 hasta los 300.000 euros y la clausura definitiva de las instalaciones y retirada de los permisos de actividad.