Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sant Antoni están revisando qué criterios siguió en 2012 el equipo de gobierno de Pepita Gutiérrez para establecer un canon de 1.071 euros al mes para el servicio del transporte turístico estacional del municipio, que ahora ha anulado un magistrado de Palma por considerarlo «contrario a Derecho».
Aunque ningún responsable del actual equipo de gobierno entró a valorar la sentencia, una portavoz municipal informó de que el gabinete jurídico del Consistorio está analizando el procedimiento llevado entonces a cabo con el fin de presentar un recurso de apelación al fallo emitido por el Juzgado nº1 de Palma, favorable a la Asociación de Empresarios Taxistas de la Bahía de San Antonio.
La asociación impugnó en su momento el plan y solicitó al Ayuntamiento un informe que justificara la cuantía de las tasas, que entonces afectaba a unos 60 vehículos estacionales. El canon se establecía en 1.071 euros cada uno de los dos meses que entonces duraba la licencia del taxi estacional en el municipio portmanyí (actualmente son dos turnos de tres meses, y hay unos 80 vehículos estacionales).
El magistrado ahora ha resuelto que en el caso del canon fijado por el gobierno municipal «se trata de revisiones de tasas o establecimiento de otras nuevas que no se venían exigiendo en los años anteriores, con lo cual es incuestionable la necesidad de justificar mediante la Memoria Económico Financiera o el Estudio Técnico Económico, tanto la necesidad de la Tasa como el importe de la misma».
Desde entonces se ha venido cobrando el canon, que habría dejado más de un millón de euros en las arcas municipales en estos seis años de aplicación, según los cálculos realizados por la asociación demandante.