El Ejército no ha querido entrar a valorar la propuesta del sindicato UGT de pedir al Ministerio de Defensa que ponga a disposición de los funcionarios estatales con dificultades para encontrar una vivienda las seis residencias disponibles en Balears (3 en Mallorca, una en Menorca y dos en Ibiza), pero sí que ha destacado la importancia que estas residencias tienen para el personal militar y sus familias, lo que da a entender que no ve posible alquilar plazas de sus residencia a funcionarios del Estado.
El secretario general de FeSP-UGT, Miguel Ángel Romero, afirmó en mayo que «el Ministerio de Defensa dispone de 450 plazas que se ocupan, como máximo, dos meses al año y durante los diez meses restantes podrían emplearse para facilitar el alojamiento de funcionarios recién llegados a las Islas que tienen serios problemas para encontrar vivienda, naturalmente pagando un alquiler» que fuera razonable.
Desde el Ejército explican que la finalidad fundamental de la existencia de las residencias militares llamadas ‘logísticas' es apoyar al personal militar que se desplace o precise alojamiento por razones de servicio; todo ello en consonancia «con el principio esencial de la ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas» y añaden que uno de los aspectos singulares de la condición militar «es la obligatoria movilidad geográfica» derivada de la disponibilidad por razones profesionales (ascensos, cursos, especializaciones, cumplimiento de condiciones de mando), movilidad en muchos casos forzosa.
Por otra parte, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, da tratamiento específico y diferenciado a la acción social en apoyo al personal y a sus familiares.
Desde el gabinete de Comunicación del Ejército de Tierra puntualizan que las medidas de asistencia o apoyo al personal pretenden minorar la incidencia negativa que los rigores de la vida militar tienen sobre el personal de las Fuerzas Armadas y sus familias, no sólo por su movilidad geográfica, sino por maniobras, ejercicios y largos despliegues fuera del Territorio Nacional. Por ello, no solamente tienen como objeto al militar en sí mismo, sino también y muy especialmente, a sus familias, que son «una pieza clave para contribuir al mejor desarrollo de los cometidos que se encomiendan en cada puesto al militar».
El sindicato UGT pidió a la Delegación del Gobierno que mediara para poder poner a disposición de los funcionarios estatales las plazas vacías y está a la espera de una respuesta.
LA NOTA
El 40 % de los 3.845 empleados del Estado son temporales
El sindicato UGT denuncia que muchos funcionarios del Estado no quieren desplazarse a Balears por la falta de vivienda. El hecho de que alquilar un piso sea cada día más caro ha provocado que aumenten las reticencias.
UGT recuerda que el 40 % de los 3.845 empleados públicos estatales tienen empleo temporal y que la proporción entre funcionarios y habitantes de las Islas es de 2,9 por 1.000, un 25 % por debajo de la media nacional.