Las presuntas tácticas amenazantes y las presiones que tanto la administración como propietarios de inmuebles reciben por parte de plataformas de alquiler vacacional por las restricciones que impone a dicha actividad la nueva ley de Turismo no van a detener la labor inspectora y sancionadora contra la oferta ilegal.
Según admitió ayer el director insular de Turisme, Vicent Torres ‘Benet', existen portales digitales como Airbnb que «amenazan con actuaciones» y que «muestran su rechazo» a acatar la nueva normativa balear, que obliga a dichas comercializadoras a publicar el número de registro en los anuncios de alquileres vacacionales, so pena de multas de hasta 400.000 euros. El dirigente socialista no especificó con qué tipo de «actuaciones» amenazan estas plataformas, y aunque compañías como Airbnb mantienen litigios con diferentes instituciones, aseguró desconocer si este portal pretende interponer una denunciar contra la ley autonómica.
«Nuestra intención es erradicar este tema y vamos a luchar contra ello», subrayó ayer ‘Benet' después de explicar que algunas de estas plataformas «han llevado a cabo una invasión de cartas de quejas a correos electrónicos». Un aluvión de advertencias que ha llegado a «bloquear» buzones digitales y que, según el director insular de Turisme, «está causando muchos problemas entre propietarios para retirar sus anuncios». Frente a estas prácticas coercitivas, ‘Benet' insiste en que van a ser «muy contundentes» desde las administraciones competentes.
Prolifera la oferta ilegal
Este periódico demostró en su edición de ayer que plataformas como Airbnb continúan comercializando miles de alquileres turísticos ilegales contra los que el Govern balear continúa sin actuar. ‘Benet' tampoco supo dar una fecha para el inicio de las inspecciones, pero defendió que el «procedimiento normal» para la apertura de los expedientes sancionadores correspondientes es pasados 15 días hábiles «desde el momento en que el infractor, en este caso las plataformas, reciben la notificación». Según esto, como el Govern balear envió los requerimientos el pasado 16 de agosto, ya habría pasado el periodo de advertencia para proceder con las instrucciones pertinentes.
Aún así, el director insular destacó un «descenso muy importante» en el número de anuncios de alquileres ilegales en este tipo de plataformas. «Ya se notó con la campaña que hicimos a principio de temporada y más aún con la aprobación de la ley. Ahora tenemos la posibilidad de actuar no solo contra el infractor, que es el comercializador, sino también contra la plataforma y el titular del inmueble», concluyó ‘Benet', que espera ofrecer a final de mes el balance de los expedientes abiertos y el volumen de las sanciones impuestas por los inspectores e informadores del Consell.
LA NOTA
Contratar más inspectores
Balears prevé incrementar el número de inspectores para revisar los alquileres ilegales. Al cuerpo de técnicos se podrían sumar 15 efectivos el año que viene, que se añadirán a la veintena que se dedican actualmente a tramitar los expedientes sancionadores. En el caso de Ibiza, ‘Benet' aseguró que Recursos Humanos está estudiando la manera de incrementar el número de efectivos.