El Consell Consultiu de Balears ha dado al traste con las intenciones del tripartito de Sant Antoni de anular el ascenso a inspector del Jefe de la Policía Local, Javier Verdugo. En un dictamen hecho público el pasado viernes y que es vinculante, el máximo órgano consultivo de la administración autonómica entiende que «no queda acreditada la nulidad radical o de pleno derecho por la complejidad de los supuestos estructurados en el ordenamiento jurídico autonómico», por lo que el Consultiu tiene «dudas más que razonables sobre si el funcionario tenía o no derecho» a ser exonerado de la titulación necesaria para acceder al cargo.
El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó el pasado 30 de marzo revisar el nombramiento de Verdugo, mientras que el alcalde, Pep Tur, pidió al Consell Consultiu el 15 de junio un dictamen «preceptivo y vinculante en relación con la idoneidad o no de la declaración de nulidad» del acuerdo de la junta de gobierno municipal de abril de 2010 que ascendió a Verdugo de subinspector a inspector de la Policía Local. El tripartito de Sant Antoni justificó su decisión en que uno de los miembros del tribunal –que a la vez era el representante de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP)– que se encargó del proceso selectivo para la plaza de inspector y subinspector, avisó de que «los aspirantes del concurso oposición carecen del requisito de titulación para acceder a las plazas a las que concursan», a pesar de que Verdugo ya había presentado en 2008 un certificado de la propia EBAP que le declaraba exento de la realización de un curso de equivalencia de estudios.
El ponente del dictamen del Consell Consultiu señala que el ascenso de Verdugo fue irregular al no tener los requisitos exigidos pero recuerda que ésta era una práctica habitual entonces: «Esta ilegalidad no es un caso aislado del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, sino que se llevó a cabo en otros municipios», sostiene el dictamen del Consell Consultiu.
«El legislador trató de favorecer la integración de efectivos policiales en cuerpos y escalas, en un contexto en que el nombramiento de la policía local en muchos casos se había llevado a cabo de manera relativa y al margen de procedimientos selectivos informados por los principios de mérito y capacidad y de concurrencia competitiva», apunta el ponente, quien destaca «la confusión normativa en que se halla el asunto». En este sentido explica que diversos decretos y disposiciones transitorias de la Ley 6/2005 «permitían interpretar supuestos de ‘exención' y ‘equivalencia' mediante cursos que el funcionario alegó correctamente mediante la presentación del Certificado de la EBAP de mayo de 2008».
Además, el Consultiu señala que «lo que aquí se plantea no es la falta de la titulación académica oficial» sino si se ajustaba a la legalidad la exención que se le había aplicado, por lo que entiende que no es preceptivo anular el ascenso de Verdugo a inspector.
Tirón de orejas
El ponente del Consell Consultiu aprovechó su dictamen para dejar constancia que la decisión del Ayuntamiento de anular el ascenso de Verdugo se produjo después de que el inspector denunciara el nombramiento de Ángeles Gallardo como directora de seguridad por parte del tripartito. «No se entiende por qué el Ayuntamiento no se había planteado la legalidad o no del nombramiento de don Javier Verdugo durante siete años y en cambio, a raíz de un pronunciamiento contrario al nombramiento de la directora de seguridad a instancias de don Javier Verdugo aflora un inusitado interés por el principio de legalidad que hasta entonces no se había manifestado».