El Ayuntamiento de Sant Antoni pagará 595.000 euros atendiendo a una sentencia que obliga a compensar a una vecina de Santa Agnès por el incumplimiento de un convenio urbanístico firmado en 2005.
El Consistorio se comprometió a recalificar una parcela propiedad de esta persona y convertirla en urbana a cambio de la cesión del terreno necesario para levantar el centro cívico y social de Santa Agnès. Sin embargo, esta recalificación nunca se acometió y la Justicia ha obligado a indemnizar a la vecina, que además continúa siendo propietaria del suelo sobre el cual se levanta el centro municipal, según explicaron ayer desde el equipo de gobierno.
El Ayuntamiento ha decretado ahora el pago de 310.000 euros, más 125.000 euros en intereses de demora, a la propiedad de los terrenos. Esta cantidad se abona en cumplimiento de una sentencia de 2016 y se suma a los 160.000 euros adelantados en febrero por el mismo concepto.
La sentencia del Contencioso número 2 de Palma obliga al Ayuntamiento a compensar a la propiedad de esta parcela con 470.000 euros por el incumplimiento del convenio firmado en 2005 para la construcción del centro.
El Consistorio, que no disponía de suelo urbano, obtuvo 480 metros cuadrados para edificar dicha infraestructura a cambio de cambiar la calificación de una parcela de 1.200 metros de rústico a urbano residencial. «Sin embargo, esa recalificación, que debía llevarse a cabo mediante una modificación del PGOU, nunca se realizó, puesto que los terrenos afectados se encuentran en el radio de protección de la iglesia de Santa Agnès y la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares lo impide», señalaron desde el Consistorio.
El Ayuntamiento ha explicado que el convenio recogía que la recalificación debía haberse realizado en mayo de 2007, antes de que concluyera aquel mandato.