Veamos hasta qué punto hay políticos que forman parte de la ‘nueva política', que se creen por encima del bien y del mal, que levitan por encima del resto de mortales y que siendo cargos públicos, se invisten como juez y parte de los escándalos que les afectan a ellos mismos. Pablo Valdés, teniente de alcalde de Sant Antoni de Portmany, se pronunció este jueves en el pleno municipal sobre el misterioso asunto de las dos denuncias de tráfico que le impuso la Policía Local el 31 de marzo y que nunca fueron grabadas en la base de datos correspondiente. Sólo las pagó cuando este periódico informó de ello, cinco meses después de la fecha de la infracción.
El portavoz de Reinicia afirmó que no hay nadie más interesado que él en llegar al fondo de esta cuestión. No es cierto, porque desde el día 3 de septiembre ha tenido oportunidad de explicarse y deliberadamente no lo ha hecho. Para justificar este silencio altamente incriminatorio, dijo que «hay acusaciones que por su poca entidad no merecen réplica». Valdés es quien decide las acusaciones que tienen y las que no tienen entidad, y por tanto él determina lo que merece la pena ser explicado o lo que no. ¿Dónde quedan aquí la transparencia y la disposición a rendir cuentas? Imaginemos que tan peculiar principio se lo aplica cada gobernante a sí mismo. ¿Se imaginan el panorama?
La soberbia que demuestra el joven concejal es un rasgo definitorio que difícilmente se encuentra en otros políticos de Balears. Estamos ante un episodio más que le desacredita como político y como concejal. Pero dado el misterio que envuelve el caso, debemos sugerir al alcalde Pep Tur, que lo ponga en manos de los agentes Malder y Scully. Solo ellos podrán resolver este inexplicable Expediente X.
El rollo patatero que alega Valdés sobre que esperaba la notificación de la Guardia Civil insulta a la inteligencia y no hay quién se lo trague. Habiendo confirmado Aída Alcaraz que las multas impuestas el mismo día y los días precedentes y siguientes estaban grabadas con un escueto «Sí» que oculta más de lo que revela, –y revela mucho–, la pregunta que todo el mundo ha de hacerse es: quid prodest? Y en efecto, que no se grabasen las multas de Valdés no beneficia a nadie más que a él. No tanto los 400 euros, ¡por Dios!, pero sí los 6 puntos del carné que de no seguirse el trámite normal y de no haber transcendido el asunto, Valdés se hubiera ahorrado. La pregunta que debe responder el teniente de alcalde es: ¿cuántos puntos del permiso de conducir tenía el día 30 de marzo, un día antes de ser pillado conduciendo sin cinturón y hablando por el móvil? Conocer este dato podría despejar algunas sospechas, aunque no todas.
Desde el equipo de gobierno de Sant Antoni se vuelve a difamar a la Policía Local, insinuando que el responsable de distraer las multas es un funcionario del Cuerpo. Esperemos que la Justicia descubra la verdad, porque no la conoceremos de mano de los políticos del pacto entre PSOE-Reinicia-ElPi. Lamentablemente.