El concepto americano claim farmers o, lo que es lo mismo, ‘reclamaciones falsas' se ha asentado en las Balears de la mano de turistas extranjeros que reclaman daños que no han sufrido. «Aquí tenemos despachos especializados que provocan ese tipo de reclamaciones», explicó el abogado Sergio Carrasco, al tiempo que matizó que «no se trata de un fraude escondido porque no se ocultan». De hecho, todo lo contrario, su publicidad puede verse en furgonetas, redes sociales o incluso en la puerta de varios hoteles.
Estas actuaciones han hecho que diferentes hoteles de las islas «han pagado hasta 60 millones de euros en reclamaciones en 2016», puntualizaba la abogada Julia Suderow quien, al mismo tiempo, aclaraba que «la mayor parte de estas están relacionadas con intoxicaciones alimentarias». En este sentido, todas vienen provocadas por turistas procedentes de Reino Unido y «el 90% de las reclamaciones son falsas».
Tanto Carrasco como Suderow coincidieron ayer en el III Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y los dos aprovecharon su ponencia para criticar un problema que «es más grave en Balears que en otros territorios». Esto se debe a que se protege tanto al consumidor que, en muchas ocasiones, se permiten este tipo de abusos que «crean una percepción de impunidad y de indefensión para los profesionales del sector turístico». Así lo ve Carrasco, que tacha de «delincuentes» a los despachos que se lucran de esta actividad ilegal que ya ha sacado a la luz varios ejemplos ocurridos en las islas en los últimos años.
En el caso de varios hoteles de Mallorca, de enero a septiembre del pasado ejercicio, las cifras son claras: recibieron reclamaciones por valor de 50 millones de euros frente a los cinco millones que recibió, por ejemplo, Canarias. «Es más que lo que se recauda con la ecotasa. De hecho, un solo touroperador que trabaja en Mallorca recibió el año pasado 10.000 reclamaciones por intoxicaciones alimentarias. Si todas fuesen verdad estaríamos ante una alerta sanitaria», señaló Suderow.
Ante esto, los expertos piden que se haga un seguimiento a este sector que ha incrementado en un 500% sus reclamaciones en los tres últimos años.