El Consell d'Eivissa ha multiplicado por cuatro las actuaciones contra las viviendas turísticas irregulares durante este mandato, pasando de las 55 registradas en 2014 a las 208 abiertas hasta octubre de este año. Las sanciones impuestas en materia de inspección turística han superado ya los 300.000 euros, el triple que en 2015.
Según explicaron desde la institución en un comunicado, son datos del informe realizado por el Departamento de Turismo y que recoge la actividad inspectora de este mandato, con especial atención a la campaña contra los alquileres turísticos irregulares.
Si en 2014 las diligencias iniciadas contra estos alquileres representaban el 22,5 por ciento de toda la actividad inspectora, en 2017 suponen ya el 63,6 por ciento del total.
El Consell explicó que Turismo realiza dos tipos de inspecciones de forma habitual. Una de ellas está destinada a comprobar las inscripciones que se realizan mediante declaraciones responsables. La segunda es la actuación ante denuncias presentadas, abriéndose incluso un canal para presentar estas denuncias, como es el correo inspecció.turisme@
En relación al primer tipo de inspecciones, en los dos últimos años se han registrado un gran incremento de inscripciones de viviendas turísticas vacacionales, sobre todo en 2016, con 988 frente a las 392 registradas antes de 2013. En 2017, hasta la entrada en vigor de la ley el pasado julio, se han registrado 303 viviendas, siendo el total de 2.625 viviendas turísticas registradas.
Asimismo, han llegado a través de correo electrónico más de 400 denuncias, además de otras 260 por posibles infracciones detectadas por los informadores turísticos. En los últimos años, el número de diligencias previas abiertas por los inspectores ha pasado de las 244 de 2014 a las más de 327 hasta octubre de 2017.
El Consell se refirió también a la fase de cobro de las sanciones, cuyo incremento es también «notable», según destacaron. Así, se espera que las sanciones en fase de cobro lleguen a los 350.000 euros este año.
La institución trabaja, además, para reducir el tiempo entre que se recibe la denuncia hasta que se notifica la sanción. En 2015, este plazo era de dos años y ocho meses y ahora está en un año y siete meses. El Consell quiere que se notifiquen las sanciones firmes en menos de un año, a partir de la recepción de la denuncia.