Ibiza y Formentera son un destino poco apetecible para muchos funcionarios públicos, porque se gana poco en comparación con otros lugares y además, resulta muy caro vivir aquí, especialmente a la hora de costearse una vivienda, ya sea en alquiler, ya sea comprándola. Esta realidad inapelable, que no cambiará en breve, hace que muchos puestos estén vacantes, lo que acaba repercutiendo en la calidad del servicio público que recibe el ciudadano. La indemnización de residencia (más conocida como plus de insularidad) que perciben los funcionarios del Estado es ridícula si se tiene en cuenta la carestía de la vida en las Pitiusas. Pocos trabajadores públicos quieren vivir aquí y, si encima, les imponemos requisitos que en otros lugares no tienen y que para algunos les supone un obstáculo más, estamos tirando piedras a nuestro propio tejado.
Yo creo que los profesionales de la sanidad pública de las Pitiusas debieran conocer las dos lenguas oficiales. Eso es lo ideal. Pero el problema de falta de personal lo tenemos nosotros y con el requisito del catalán, se está desincentivando aún más que quieran venir. Claro que ahí están los 160 profesionales en Ibiza y los 30 en Formentera que van a cursos de catalán en horario laboral y no les estalla el cerebro. Las facilidades que la Administración les da para formarse son máximas e incluso se les otorga un plazo generoso de dos años para alcanzar el nivel de conocimientos requerido, un exiguo B2. Pero aún así hay quien opta por el victimismo y prefiere decir que se le expulsa por no saber catalán, cuando debieran explicar razonablemente por qué no quiere aprenderlo ya que viven y trabajan aquí. Pero es cierto que muchos habrá que cuando vean una vacante en Balears, directamente la obviarán. Sobre todo médicos especialistas. Y en este sentido el decreto no solo no ayuda, sino que perjudica gravemente al sistema público de salud. Si los médicos y enfermeros que quisieran venir a trabajar a las islas fuera enorme, pues entonces tendría su lógica cribar con requisitos. Pero sufriendo las carencias de profesionales que padecemos, resulta incomprensible empecinarse en la exigencia del catalán.
• El misterio de las multas de Valdés.
Continúa el misterio inexplicable de las dos multas de tráfico que la Policía Local de Sant Antoni impuso al teniente de alcalde Pablo Valdés y que nunca fueron grabadas en el sistema informático para que tuvieran el curso correspondiente que tuvieron las demás denuncias que no iban contra un concejal del equipo de gobierno. El alcalde Pep Tur decidió con desdén mandar el asunto a los juzgados, pero se las han devuelto para que sea la administración local la que aclare lo que sucedió. Tur dejó pasar una oportunidad magnífica en el programa ‘Bona nit Pitiüses' de la TEF de agradecer a este periódico que publicase la noticia de la desaparición de las multas, porque ello permitió cobrarlas. De otro modo, quién sabe lo que hubiera sucedido. Lo más seguro es que nada, claro. Eso que se ahorraba Valdés. Y los puntos del carné que le volaron, que es casi más doloroso que la sanción económica.
Pero el alcalde ‘Cires', no contento con seguir sin ofrecer una explicación convincente al misterio, ni dispuesto a que nadie asuma ninguna responsabilidad en un asunto objetivamente grave que él pretende despachar como quien espanta moscas, no perdió oportunidad para cargar contra el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, presunta víctima en un caso de acoso laboral que un juzgado de Ibiza investiga. Intentó desprestigiarle porque estuvo de baja por enfermedad, pero se desprestigió a sí mismo en su intento, porque dio credibilidad a la acusación de Verdugo. Si no le hicieron la vida imposible, lo parece bastante. Y si ha estado de baja, convendría que Tur analice si él tiene alguna responsabilidad en ello. O si pudo hacer algo para evitarlo. Pero no, mejor espantar moscas y mofarse de un funcionario público. Este es el nivel en Sant Antoni.
Pasen un feliz domingo.