El equipo de gobierno de Sant Josep aprobó ayer las cuentas municipales para el año que viene con los votos a favor de Guanyem y Alternativa Insular. La primera teniente de alcalde y concejala de Hisenda, Paquita Ribas, explicó con detalle unos presupuestos que ascienden a 33,6 millones de euros y destacó que, «aunque se ha reducido la diferencia entre ingresos y gastos», tienen un superávit de 600.000 euros.
El presupuesto no contó con el apoyo del Partido Popular por considerar que las cuentas «son poco creíbles» porque quedan muchas actuaciones por ejecutar de este año con casi 17 millones de euros «no gastados». De estas «partidas que aún están a cero» destacaron los dos millones de euros que había previstos para «actuaciones urgentes en la red de agua», el colegio de ses Planes, el parque infantil de Sant Jordi, sa Torre des Carregador, la accesibilidad de las playas o la Oficina de Vivienda. «Poca fe podemos tener en que vayan mejor este año», lamentó la portavoz popular, Neus Marí, quien apuntó que «el problema no es la falta de dinero, sino la falta de capacidad de gestionarlo».
Marí aseguró que tampoco pueden apoyar estos presupuestos porque hay una «reducción importante de las inversiones» respecto a 2017, ya que pasan de representar un 20% de las cuentas a un 15%, y porque se añaden «muchas partidas genéricas y pocas concretas». Además, apuntó que «ni siquiera» se menciona el «famoso proyecto de la ecotasa» para la construcción del paseo marítimo de la bahía de Portmany. «No consta ni un céntimo de ingreso del Govern ni tampoco del Consell», lamentó la popular que también criticó que se avance el dinero municipal para construir el colegio de ses Planes en Cala de Bou, cuando «lo debería pagar a quien le toca, que es el Govern».
Respecto a las subvenciones celebró que subieran, pero cuestionó que «teniendo el dinero todavía faltan por pagar las de 2017 y parte de 2016».
Por su parte, el portavoz de Guanyem, Fran Ramírez, explicó que darán apoyo a los presupuestos porque se han incluido varias aportaciones de su grupo político como las inversiones en el Plan de Igualdad o en actividades interculturales. «Hemos conseguido aumentar en un 100% la partida en igualdad», destacó Ramirez, que señaló quien «quedan muchas cosas por hacer en el apartado de nuestras prioridades, pero haremos un seguimiento durante todo el año para que las aportaciones que hemos hecho tengan un impacto real». Desde Alternativa Insular, Vicent Torres defendió el voto a favor de su agrupación, aunque criticó que «son unos presupuestos tan continuistas que encontramos lo mismo cada año como el colegio de ses Planes o las actuaciones en la red de agua».
El tema que levantó más polémica fue la partida de 2,3 millones de euros incluida en el apartado de subvenciones para pagar la deuda contraída con la Agencia Balear del Agua (Abaqua). Paquita Ribas reconoció que en su día «no se hicieron las cosas de la mejor manera», pero se firmó un convenio que permitió la llegada por primera vez de agua desalada a parte del municipio. «Hasta 2009 por los grifos de Sant Josep no salía ni una gota de agua desalada. Se compró agua a Abaqua, la gastamos y no la pagamos al precio que ponía en el convenio porque no estábamos de acuerdo con los precios y al final generamos una deuda», detalló Ribas, que matizó que lo que hace el presupuesto es «reconocer» esta deuda, pero «aún no se está pagando».
Convenio
La primera teniente de alcalde recordó que los ayuntamientos de Sant Antoni y Vila también discutieron los precios establecidos porque se aplicaba una fórmula desfavorable a los consistorios. «La diferencia es que Sant Antoni cuando vio que el agua desalada iba a ser más cara hizo una subida de tarifas y ahora tienen un fondo para ir pagando la deuda que nosotros no tenemos», añadió.
El PP calificó el convenio «firmado por el actual alcalde» de «nefasto» para el municipio y criticaron que no se contemplara el pago de esta deuda «cuando el año pasado se hizo una modificación de la tarifa del agua». «Durante nuestra legislatura hicimos todo lo posible para no pagar este sobrecoste hasta acabar en los juzgados», recordó Neus Marí.
Tanto el PP como Alternativa Insular cuestionaron que se añadiera esta partida a los presupuestos generales porque, de esta forma, la pagan todos los ciudadanos «tanto los que están conectados al agua desalada como los que no»