La ley de Urbanismo llega hoy al pleno del Parlament sin garantías de que se apruebe el dictamen tal y como ha salido de la comisión. La polémica se limita, por el momento, a una disposición transitoria, incluida por el PSIB a petición del Ayuntamiento de Sant Josep para dejar en manos de los ayuntamientos un cambio en el plan general para considerar urbanos terrenos que no lo son.
Podemos lo interpreta como «urbanismo a la carta» y su portavoz, Alberto Jarabo, pidió al PSIB que retire su propuesta, presentada como enmienda, ya que afecta directamente a unos terrenos de Platja d'en Bossa que pertenecen al empresario Abel Matutes. Antes, lo había reclamado el GOB.
Damià Borràs, portavoz del PSIB en este debate, indicó que esta disposición permitirá, «pero no obligará» al Consistorio convertir en urbanos unos terrenos edificados en un 90%, para poder «ordenar de forma definitiva esta zona».
Como en la ley turística
«No es que se permita, es que existe y está más de un 90% construido», señaló Borràs, que si bien admitió que «igual no se tendría que haber hecho», «nadie planteará el derribo de toda esta zona de Sant Josep». Según el socialista, no es una propuesta pensada para resolver este caso y dijo que eso permitirá compensaciones económicas al ayuntamiento, gobernado por los socialistas.
En esta misma línea se expresaron los socialistas de Ibiza. La FSE emitió un comunicado en el que expresó su malestar por el posicionamiento «partidista de Podemos y Més» en contra de la disposición transitoria 14 del proyecto de ley de Urbanismo, que «permitirá resolver algunos de los problemas heredados de años de gobierno del PP en zonas como cala Tarida o Platja d'en Bossa por una gestión territorial y del suelo al servicio únicamente de la especulación urbanística». La FSE, además, desmintió que haya «ningún beneficio para empresarios locales; en el caso de Platja d'en Bossa, la disposición impide un desarrollo mayor y, en ningún caso, se permitirá el proyecto de campo de golf».
Duras críticas
La portavoz del PP, Margalida Prohens –consciente de que el PSIB tendrá que llamar a su puerta si quiere aprobar las excepciones previstas en Ibiza– afirmó que «esta excepción se podría trasladar a otros casos similares que se dan en Mallorca». Afirmó que presentarán una enmienda en el mismo pleno para hacerlo posible.
Según el PP, lo que tendría que haber hecho es el Govern es presentar una ley de nuevo cuño y no reformar la anterior, la de Company, pues eso puede crear «inseguridad jurídica» y tensiones donde no la había.
Esta petición del Ayuntamiento de Sant Josep al Govern no ha sentado bien a sus socios de Guanyem en el Consistorio. «Vimos de lejos que no podíamos confiar en ellos en temas críticos como el territorio y con la ley de Urbanismo queda demostrado que no nos equivocamos», expresó el concejal Fran Ramírez en su perfil de Twitter, donde también recordó que el alcalde Josep Marí Ribas Agustinet «firmó unos compromisos para una investidura, que no cogobierno, que se está pasando por el arco del triunfo. Es asqueroso el servilismo e indignante la doble moral», lamentó Ramírez.