La Audiencia mantiene la posibilidad de que Jaume Matas, la exconsellera Aina Castillo y el exdirector general del IB-Salut, Sergio Beltrán, sean juzgados por el ‘caso Son Espases', aunque cuestiona que existiera un delito de malversación.
Beltrán fue el único de los investigados que recurrió el auto del juez José Castro que cerraba la instrucción e iniciaba los trámites para el juicio. En un auto, la Sección Segunda de la Audiencia admite que plantea dudas que existiera un delito de malversación al contratar a una empresa de consultoría que tenía que decidir sobre cuál era la mejor oferta, cuando ya se había adjudicado antes un servicio similar. «El servicio de asesoramiento se prestó, aunque este fuera un coste innecesario y todo indica que su propuesta fue fruto del amaño y del fraude». Pese a esas dudas, deja la puerta abierta a que las acusaciones planteen este delito y que se decida si se produjo o no en el juicio.
La Sala también considera dudoso que existiera delito en el cambio de la adjudicación que llevó a que ganara Dragados, empresa de Florentino Pérez, en lugar de OHL, para quien, en principio se había amañado el contrato: «No se le puede exigir al juez instructor que acierte a la hora de efectuar la calificación jurídica de los hechos, sino asegurar un juicio con base suficiente». Al contrario, la Sala no aprecia dificultades con la primera parte del presunto delito de fraude: el cometido para que ganara OHL y en el que el expresident Matas habría entregado un documento. El auto explica que no es necesario que el amaño del concurso llegara a buen término para que se produjera el posible delito de fraude.
Una vez rechazado este recurso de Beltrán, las acusaciones tienen que presentar sus conclusiones provisionales.
EL APUNTE
El caso, pendiente de tres acusaciones
Una vez confirmado el auto con el que el juez José Castro cerraba la instrucción del ‘caso Son Espases', la apertura de juicio queda pendiente de los escritos de las tres acusaciones que hay personadas: la Fiscalía, el Govern y el partido político Més, como acusación popular. Del caso han quedado fuera el presidente de OHL, Juan Manuel Villar Mir y el máximo responsable empresarial que se- rá juzgado es el encargado de una consultora que intervino.