Gianandrea di Terlizzi (Génova, 1968) formó parte de la extinta coalición de Eivissa pel Canvi y ahora mueve los hilos en Podemos. Cobra 28.000 euros brutos anuales como coordinador de Mobilitat en el Consell d'Eivissa, institución donde le dejaban aparcar su coche eléctrico antes de que accediera al cargo y a pesar de las críticas del PP.
—Me cuesta comprender qué puede aportar un filósofo a la mejora de la movilidad en Ibiza.
—Justamente la filosofía te da una visión global de las cosas, de sus causas y sus efectos, y no a focalizar exclusivamente en el problema concreto.
—Desde fuera puede dar la impresión de que su cargo está metido con calzador.
—Después de que nuestra militancia decidieran que debíamos entrar a gobernar vimos que había áreas donde era fundamental nuestra presencia y no por desconfianza en nuestros socios sino porque eran ejes principales de nuestro programa. Y movilidad y territorio eran dos de estas áreas. Como no pudimos conseguir en la negociación llevar estas áreas pensamos que era muy importante que hubiera una persona de nuestro partido que impulsara con la consellera Pepa Marí los ejes de nuestra política de movilidad.
—Su plaza de coordinador de Mobilitat pertenece, como bien ha dicho, a la Conselleria de Territori i Mobilitat que dirige Pepa Marí. Sin embargo, su despacho está situado en la quinta planta con el resto de compañeros de Podemos y al lado del de Viviana de Sans. No parece muy lógico que estén separados.
—En el Consell todo el mundo está distribuido de una forma no necesariamente lógica. Todo el departamento de Benestar Social está en la segunda planta pero los despachos de la consellera y la directora insular están en la cuarta. La zona donde antiguamente estaba el Consorcio Sociosanitario estaba abandonada y allí es donde se puso mi despacho.
—En su currículum quedará que el desdoblamiento de Ca na Negreta, un proyecto que desde Podemos intentaron obstaculizar, se llevó a cabo mientras usted era coordinador de Mobilitat.
—En los acuerdos de gobierno se plasmó que este proyecto se iba a hacer siempre que tuviera el favor de la ciudadanía. Nosotros no teníamos una predisposición en contra del proyecto sino que íbamos a hacer lo que quisiesen los ibicencos. Hicimos tres procesos participativos: una encuesta telemática, un sondeo a 1.500 personas y las reuniones informativas en las zonas más afectadas. En todos estos procesos hubo un porcentaje muy elevado a favor del desdoblamiento y nuestras bases, tanto las de Guanyem como las de Podemos, validaron esta opción B. Si hubiese habido la posibilidad de un proyecto alternativo menos invasivo que se pudiese haber hecho en un tiempo ágil habríamos apostado por él. Espero, en todo caso, que haya otras cosas que se lleven a cabo en mi época de coordinador de Mobilitat.
—¿Está Podemos en contra de que se mejoren las carreteras?
—La palabra mejorar es polisémica. Nosotros, por supuesto, estamos a favor de mejorar la seguridad de las carreteras pero hay muchas maneras de hacerlo. Unos lo interpretan desdoblando las carreteras y hacer un vial de incorporación para cada intersección que nosotros creemos que no es la adecuada porque es carísima y un consumo de territorio y pérdida de paisaje enorme. Se puede mejorar el firme, las barreras, vigilando la velocidad, instalando carriles bicis segregados y otras actuaciones puntuales.
—Este año la cifra de muertes en carretera en Ibiza ha aumentado de forma alarmante. ¿A qué lo achaca? ¿Puede que las carreteras no tengan el mantenimiento adecuado?
—Todos los factores influyen pero concretamente el del mantenimiento no creo que sea el preponderante. Las carreteras no están en tan mal estado. Sí que lo están la de Santa Agnès y la de Sant Carles a sa Cala, que ya está licitada la obra. Pero el punto de máxima siniestralidad ha sido la carretera de Santa Eulària a Sant Carles, que está asfaltada recientemente y con barreras de seguridad nuevas. En este caso los factores han sido el exceso de velocidad al ser una recta, los conductores que tenemos en Ibiza, atípicos al resto del Estado, que no están acostumbrados a vivir conducir fuera de ciudades y no conocen nuestras carreteras y el gran número de intersecciones, muchas sin visibilidad, además del envejecimiento del parque móvil y la gran cantidad de vehículos que hay, que también hace que crezca el riesgo de accidentes.
—Santa Eulària ha pedido que se tomen medidas en la carretera de Sant Carles, uno de los puntos negros de la isla. ¿Qué han previsto?
—Se está estudiando un mayor control con radares para limitar la velocidad y la iluminación de determinados puntos. Y luego, una de las intersecciones corresponde a la finca experimental de Can Marines, que es propiedad del Consell, y se les ha pedido que habiliten la entrada posterior. En el caso de las intersecciones más peligrosas estudiaremos la posibilidad de desviarlas para hacer una incorporación más segura o eliminar algún elemento para mejorar la seguridad.
—En verano cuesta circular con fluidez por las carreteras de Ibiza. ¿Tiene la receta para disminuir el volumen de vehículos?
—Es difícil y lento, no es un proceso inmediato. En Ibiza tenemos el número de coches más elevado del Estado por cada mil habitantes y esto es por la urbanización difusa que provoca que cada persona necesite su coche. También hay una carencia histórica del transporte público porque, incluso, entre centro urbanos, podría ser y será muchísimo mejor, lo que significaría una mayor calidad de vida para la gente. Estamos acostumbrados al coche pero cuando empiezas a comerte atascos, las dificultades de aparcar, el precio del aparcamiento y del mantenimiento del vehículo y el riesgo que entraña conducir en estas circunstancias, resulta mucho más cómodo subirte a un autobús. Pero para que ello sea así hay que, aparte del sistema tarifario que ya lo estamos haciendo, mejorar mucho el sistema en sí, al menos entre los núcleos urbanos y polos de atracción turística en verano. En cuanto a la población difusa se puede trabajar a través de los aparcamientos modales. En este sentido, la gente tendrá su coche en el campo pero lo podrá dejar en uno de estos aparcamientos y allí coger la bicicleta pública para hacer el último kilómetro o coger el autobús para bajar a Vila o a cualquier otro sitio.
—En 2018 se terminan las concesiones de líneas de autobús. ¿Qué novedades tendrá el nuevo contrato? ¿Será para una sola empresa?
—La nueva concesión, que entrará en vigor a principios de 2019, será un único operador ya que tener un único interlocutor facilita mucho el trabajo y si se ha de modificar alguna línea o cambiar cualquier aspecto del contrato es mucho más fácil y operativo. El tomar el control a través de la integración tarifaria y no sobre lo que nos decían las compañías nos permitirá diseñar un sistema sobre datos reales. Es evidente que es necesario aumentar las líneas y las frecuencias pero el cómo y el cuándo lo sabremos cuando pase el primer año de esta integración tarifaria, que será en abril. En cuanto a los autobuses éstos tendrán que ser muchos, más modernos, cómodos, menos contaminantes, silenciosos y adaptados al recorrido. Es absurdo que autobuses grandes vayan vacíos en carreteras estrechas. También estamos pensando que desde el principio de la concesión algunas líneas tengan que ser eléctricos. Hay una tecnología con autobuses grandes y baterías pequeñas, con un coste menor, pero que necesitar supercargadores al principio y al final de la línea, por lo que no pueden trabajar durante todo el día. Si se aplicara esta tecnología habíamos pensado en las líneas Aeropuerto–Cetis, y Cetis–Sant Antoni, que es donde podríamos instalar estos supercargadores. El otro método son autobuses con baterías grandes que pueden trabajar hasta 12 horas en invierno y ocho horas en verano que cargan por la noche en la cochera.
—¿Habrá novedades en cuanto a las Platges Connectades en 2018?
—Seguramente se incorporará Platges de Comte y estamos estudiando mejoras para ses Salines. Es difícil que se puede hacer de forma tajante porque hay muchas casas particulares y no hay una zona clara de aparcamiento, además de ser un territorio protegido. Sí que se mejorará el transporte público y se intentará monitorizar los aparcamientos para ver si hay aparcamientos libres. Se mejorará las cunetas para evitar que se pueda aparcar en cualquier sitio.
—¿Qué planes tiene con los carriles bici?
—Quizás es donde estamos más retrasados porque el departamento está poco dotado de personal. Se ha hecho un mapeo de lo que es más necesario y se ha llegado a un acuerdo con Sant Antoni para ejecutar unos proyectos para construir carriles bicis. La primera fase sería Vila–Sa Coma, que se convertirá en un centro de estudios y daría servicio a los centros escolares de la zona de sa Blanca Dona, y también estamos haciendo los proyectos que conecten los diferentes barrios de Sant Antoni con los centros escolares y deportivos. Por otro lado, también queremos conectar el carril bici de Sant Miquel con Vila y hemos modificado el proyecto del carril bici de Ca na Negreta para que no pase por el núcleo de Jesús a través de la variante y empalme directamente con Vila y conecte el de Puig d'en Valls y el de la travesía de Jesús. Las obras de la ruta cicloturista de Sant Joan también empezarán el próximo año.
—¿Sabe cuándo se abrirá el Cetis?
—-No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que Anna Sagalés me dijo que estaban a punto de terminar las obras y que después los técnicos harían una visita. Lo ideal sería abrirla en temporada baja para darle un rodaje a la estación y no empezar con el mogollón del verano.
—Con usted en el Consell sí que se ven más puntos de recarga para vehículos eléctricos.
—Es un tema en el que me he volcado y que creo que está dando resultado. Hemos partido prácticamente de cero porque el único punto de recarga que había, en Vara de Rey, no funcionaba. Por un lado, hemos coordinado con el Govern y los ayuntamientos la instalación de puntos de recargas tanto el año pasado como este año. Nosotros ya hemos puesto dos y pondremos uno más en el Parque de la Paz y otro en el auditorio de Cas Serres. Sant Antoni ha puesto cinco puntos este año, Santa Eulària puso dos el año pasado, Sant Josep pondrá cuatro y Sant Joan ha puesto dos, uno de ellos con pérgola solar fotovoltaica. También hemos aprobado el convenio Melib que da grandes ventajas a los vehículos eléctricos: gratuidad de la carga durante dos años, gratuidad de la zona azul a partir del 2018 y la modificación del impuesto de circulación en todos los ayuntamientos para rebajarlo en un 75%, que es el máximo que permite la ley. Si logramos que todos los puntos previstos se instalen este año, podríamos ser el territorio de España con más punto de carga por habitante. Estoy convencido de que la movilidad eléctrica es el futuro.
—¿Cómo valora el funcionamiento del equipo de gobierno del Consell? ¿Se han superado los recelos iniciales?
—Trabajamos bastante bien, no hay especiales tensiones. El hecho de trabajar ya dos años juntos hace que nos conozcamos personalmente y una mayor confianza. El hecho de gobernar con una partido con una experiencia de gobierno y con un historial que no era los que nosotros veníamos a hacer, provocó cierta prudencia. Tengo que decir que el PSIB y el PSOE de Ibiza no es el mismo que el que se ve en otros territorios de España. El Govern y el Consell pone en marcha políticas mucho más cercanas a Podemos que, por ejemplo, las de Susana Díaz. Nosotros pedíamos que el PSOE diera un giro en determinados ámbitos para poder gobernar con ellos y creemos que, por ejemplo, en protección del territorio se ha dado, al menos a nivel insular. Ahora nos hemos encontrado con esta disposición transitoria 14 en la Ley de Urbanismo que no nos gusta nada y que pelearemos para que se retire o se modifique y no sea una barra libre a crecimientos urbanísticas.
—¿Afectará este asunto al equipo de gobierno insular?
—Aparentemente ha sido una petición del Ayuntamiento de Sant Josep y que ha sido aceptada por el Govern. En principio no se tiene que ver afectado pero nosotros confiamos en que se cambie esta transitoria. Y también creemos que es una forma de deslealtad por parte de un Govern que gobierna en coalición con Més y que se sustenta de Podem el presentar esta transitoria en la última reunión de comisión previa a la tramitación parlamentaria. Nosotros no estamos en contra de darle un ordenamiento a aquello que ya está hecho ni que se quede así ad eternum. Tiene que quedar claro que quien haya hecho las cosas bien no puede ser tratado igual o peor que quien las ha hecho mal. Estaríamos dispuestos a buscar una solución pero no de esta manera.
—¿No ha influido más el apellido de los propietarios en este asunto?
—El tema aquí es que esta norma beneficia a un grupo empresarial pero este no el problema sino que se permite crecimiento urbanístico en potencia ya que el ayuntamiento podría decidir que se urbanicen los terrenos que aún no lo están. Además, allí hay un plan con decenas de miles de metros cuadrados de zonas comerciales que hundirían el pequeño comercio de Ibiza.
—Usted es un italiano que habla catalán perfectamente. ¿Qué le parece la polémica por el decreto del Govern que obligará a los profesionales sanitarios a demostrar que saben la lengua propia de aquí?
—Me entristece que se utilice la lengua como una arma política porque pienso que enriquece la cultura de la gente. Ser bilingües es una riqueza, no un problema. También creo que ha sido un error político por parte de la presidenta el ceder a la presión de los soberanistas de Més para que fuera un decreto más estricto. Y aquí, en Ibiza, es mucho más grave porque la difusión del catalán es menor y es visto más como un problema. Aquí también tenemos el problema gravísimo del coste de la vivienda que tengamos una carencia de profesionales. El decreto se ha presentado mal y, por lo tanto, es un error político aunque PP y Ciudadanos lo han utilizado para echar una cortina de humo y evitar que se hable de los problemas reales de las personas y de la corrupción.