El 17 de mayo de 2013 la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento de Vila para analizar las facturas relativas a la publicidad institucional contratada con el semanario Prensa Pitiusa pedía la «dimisión irrevocable» de la alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui, que se hizo efectiva un mes después y tras decenas de portadas que día tras día le acusaban de financiar irregularmente a dicho medio de comunicación. Presidiendo dicha comisión estaba Pilar Marí, hasta entonces compañera de Sánchez-Jáuregui en el equipo de gobierno y, a la postre, futura alcaldesa de la ciudad. Sin embargo, la vara de mando tan sólo le duró trece meses, ya que dejó el cargo acosada por el escándalo de los ‘whatsapps' destapado por este rotativo.
El culebrón de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Vila consiguió hacer saltar a Marienna Sánchez-Jáuregui como alcaldesa de la ciudad después de que Diario de Ibiza publicara el 30 de marzo de 2013 unos presuntos pagos irregulares al semanario Prensa Pitiusa que casi cuatro años después la justicia ha resuelto que eran del todo legales.
Entonces, las desavenencias entre Sánchez–Jáuregui y varios de los componentes de su equipo de gobierno eran muy visibles y sus ‘enemigos' aprovecharon la ocasión para quitársela en medio y aupar a Pilar Marí a la presidencia de Can Botino.
En julio de 2014 el exconcejal ‘popular' Joan Mayans confirmó que la comisión de investigación fue «un paripé» ya que «se manipuló para añadir o quitar información. Yo lo advertí», declaró Mayans, quien también aseguró a este rotativo que las cajas donde estaba la documentación sobre la publicidad institucional sufrieron alteraciones.
El también exteniente de alcalde afirmó que la interventora del Ayuntamiento de Vila había realizado un informe que confirmaba que los servicios abonados por Prensa Pitiusa habían sido prestados en su totalidad y que sólo se había detectado un error administrativo en la tramitación.
Verano azul
Un día antes de la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación, Pilar Marí se mostraba molesta con el entonces presidente del PP de Eivissa, Vicent Serra, y le llegaba a acusar de traidor en el grupo de whatsapp ‘Verano azul', del que formaban parte varios concejales del equipo de gobierno y cuyo contenido publicó en julio de 2014 Periódico de Ibiza y Formentera. Marí también acusaba al líder balear de la formación y presidente del Govern, José Ramón Bauzá, de dar la espalda al grupo de concejales que conspiraban a la sazón para forzar la marcha de Jáuregui.
Quien no se cortó ni un pelo fue el concejal del PREF Nacho Rodrigo, que planteó en uno de los mensajes la necesidad de presionar al secretario del Ayuntamiento para que dijese que las facturas presentadas por Prensa Pitiusa no se correspondían con el servicio con el objetivo de iniciar de oficio la nulidad de la tramitación y remitirlo a la Fiscalía.
Con Sánchez-Jáuregui contra las cuerdas, el PP decidía que fuera Pilar Marí la nueva alcaldesa de la ciudad después de que Sansano descartara esta opción y que Juan Daura, a regañadientes y a petición del partido, renunciara a ello.
El 20 de mayo el PP forzaba la dimisión de Marienna Sánchez-Jáuregui, que no hizo efectiva hasta el 18 de junio, cuando se celebró el pleno de renuncia en el que arremetió ferozmente contra sus compañeros de equipo de gobierno hasta entonces, a quienes acusó de actuar como «avestruces» y de no haber movido ni un dedo por ella. «No alcanzo a comprender cómo en dos años he pasado de líder a reo», dijo Marienna, que se negó a abandonar su acta de concejal en Can Botino.
Tres días después Pilar Marí se convertiría en la segunda alcaldesa de la legislatura en la ciudad de Eivissa. Un cargo que ostentó hasta el pasado verano de 2014, cuando tuvo que dimitir acorralada por la ‘crisis de los whatsapps'. Este rotativo destapó cómo ella y los concejales del grupo ‘Verano azul' conspiraron para defenestrar a la concejala de Cultura, Lina Sansano, y para conseguir la dimisión de la propia Sánchez-Jáuregui. Marí y tres de sus concejales –Joan Mayans, Alejandro Marí y Rai Prats– abandonaron el Consistorio por este escándalo.
«Fui víctima de un complot para obligarme a dimitir como alcaldesa», aseguraba Sánchez–Jáuregui en una entrevista días después de que la Justicia diera carpetazo al asunto de la publicidad institucional y descartara que hubiera cometido un delito de prevaricación. Ahora, otro tribunal ha corroborado que los servicios publicitarios fueron prestados y que el Ayuntamiento deberá abonar la cantidad que reclama la editora del semanario Prensa Pitiusa.