El juez que instruye el ‘caso Rocamar' ha citado a declarar en calidad de investigado al exconseller de Turisme, Carlos Delgado. En una providencia, el magistrado fija las comparecencias de todos los miembros de la junta rectora del consorcio que aprobó la propuesta para comprar el hotel. Se investiga si en esa operación, el Govern pagó un precio hinchado en algo más de medio millón de euros para beneficiar a un alto funcionario de la Conselleria de Turisme.
Delgado es el segundo exconseller de este área investigado en el caso. Su sucesor, Jaime Martínez, ya ha declarado en la causa y ha solicitado varias veces ser exculpado, por el momento, sin éxito.
La comparecencia de Delgado está fijada para el próximo 14 de febrero. Junto a él, el magistrado incluye a todos los que comparecieron en la Junta Rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos del 30 de julio de 2012. Entre ellos están el exdirector general del Consell Insular, Segismundo Morey; la exdirectora general de Economía del Govern, Joana Perelló; la exdirectora general de Medio Rural, Neus Lliteras, el excoordinador de ATB, Josep Aloy y el exsecretario general de la consellería de Turisme, Joaquín Legaza, además de un representante sindical. El juez también ha llamado, pero esta vez como testigo, a los otros cuatro miembros de esa mesa, que ese día no comparecieron en la reunión.
El juez puntualiza en la providencia que se les cita como investigados para que puedan declarar «con todas las garantías» y «sin perjuicio de la decisión que se pueda adoptar posteriormente sobre su actuación». Les imputa posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración y malversación.
En el ‘caso Rocamar' se investiga si el Govern pagó un precio inflado al dueño del hotel al no descontar los costes de la demolición del edificio, que estaba en ruinas. El propietario de la finca, Francisco Castañer, debía una elevada cantidad de dinero a la familia de un funcionario de Turisme, José Francisco Ensenyat. El mismo día que el Govern abonó los 871.000 euros que se pagaron por el hotel, una cantidad muy parecida salió de la cuenta de Castañer para pagar ese préstamo antiguo.
La Audiencia Provincial desestimó un recurso de los funcionarios para archivar la causa y constató que se debió descontar el precio del derribo del hotel -alrededor de medio millón de euros- ya que el edificio estaba ya en un estado de ruina.