La Sala de lo Contencioso del TSJB ha aceptado el recurso del IB-Salut contra la Administración General del Estado y señala que es el Ejecutivo central quien tiene que pagar la sanidad de los presos. En concreto, el pleito se inició por cinco facturas por un total de 5.966 euros que Son Espases giró a la prisión por el tratamiento de unos presos. Un juzgado de lo Contencioso dio primero la razón a la Abogacía del Estado. Ahora se revoca esa resolución.
La sentencia apunta a que el Reglamento Penitenciario especifica que las prestaciones sanitarias a los presos incumben a prisiones y que debe quedar regulada por un convenio de colaboración entre las distintas administraciones. El conflicto surge porque en Balears no existe ese acuerdo entre las dos instituciones que regule qué ocurre cuando un recluso necesita atención especializada que no se le puede dar en el propio centro penitenciario. La sentencia señala que, aunque esta se dé dentro del sistema nacional de salud, el gasto también lo tiene que sufragar Instituciones Penitenciarias De esta manera, los magistrados apuntan a que, aunque los presos estén dados de alta en la seguridad social, prima el principio de que afronte los gastos prisiones.