El desconocimiento del catalán no cerrará el paso a ningún profesional sanitario en Balears pero sí impedirá consolidar derechos y promociones internas salvo que, una vez conseguida la plaza y en un plazo de hasta dos años, acrediten su conocimiento. Será con niveles más bajos de los que se recogían en la propuesta inicial de Més.
Ya hay acuerdo político sobre el decreto, del que hoy se informará a los sindicatos y que luego se someterá a la consideración del Consell Consultiu. Las negociaciones se aceleraron después de que este diario informara de la última carta que estaba dispuesto a jugar el PSOE para garantizar la convocatoria de más de 4.000 plazas en la sanidad pública durante los próximos tres años. PSIB y Més dan por bueno el acuerdo y, desde este último partido, las renuncias a su planteamiento inicial. Ayer mismo, la portavoz de Més y vicepresidenta del Govern, Bel Busquets, dijo que lo relevante es que el catalán se extienda progresivamente en el ámbito de la sanidad igual que sucede en el resto de la Administración.
Aunque, en la práctica, el conocimiento del catalán no se sea requisito para presentarse a las oposiciones, siempre constituirá una desventaja no conocerlo ya que la excepción se aplica para que no quede ninguna plaza sin cubrir por cuestiones de lengua.
Además, impedirá el desarrollo de la carrera profesional, acceder a concursos de traslados y, a la larga, mejoras económicas.
Después del acuerdo político, lo más complejo era blindar su contenido de cualquier recurso futuro. Y en eso estaban ayer tarde los servicios jurídicos de la Comunitat. El decreto de capacitación lingüística en el ámbito del IB-Salut fija periodos transitorios para acreditar conocimientos en los distintos ámbitos sanitarios, desde enfermería a especialistas. El personal administrativo no sanitario se guiará por la Ley de Función Pública en la que el conocimiento de la lengua catalana sí es requisito indispensable para opositar. La propia ley ya establecía excepciones para el ámbito sanitario.
Tanto la consellera de Salut, Patricia Gómez, como la presidenta del Govern, Francina Armengol, tuvieron que responder ayer en el Parlament a preguntas del PP y Ciudadanos (C's) sobre este asunto. Representantes de dos colectivos críticos con la exigencia del catalán asistieron a las sesión plenaria.
«Un ERE ideológico»
La diputada ‘popular' Núria Riera, que preguntó a la consellera Gómez, «exigir el requisito de catalán has a 4.000 profesionales es un «ERE ideológico» cuyo único propósito es «contentar a unos socios radicales y minoritarios».
La presidenta Armengol, respondiendo a Margalida Prohens (PP) y a Xavier Pericay (C's), que entienden que el acuerdo entre PP y PSIB no resuelve nada y «crea un problema donde no existía».
Pericay instó a Armengol a que «sea valiente, ejerza la autoridad de su cargo y se imponga a los socios de su Govern». «Demuestre quien manda y retire de una vez este decreto», apostilló el dirigente naranja.
Para Prohens, es una «arbitrariedad» plantear excepciones en función de las dificultades para cubrir determinadas plazas añadió que dar un plazo de os años para sacarse el título de catalán no es más que «pasar el problema a la siguiente legislatura».
Armengol argumento en que lo importante es que se convocarán oposiciones, que no quedará ninguna plaza sin cubrir y que se termina con los recortes.
EL APUNTE
El acuerdo eclipsa el primer debate de la Ley de Vivienda en la Cámara Autonómica
La toma en consideración por el Parlament de la Ley de Vivienda en el primer pleno tras las vacaciones de Navidad (que fue lo que ocurrió ayer con el rechazo de las enmienda d devolución presentada por el PP) quedó ayer eclipsada por el acuerdo sobre la exigencia de catalán para acceder a la sanidad pública. La ley pasará ahora a comisión.