El Ayuntamiento de Sant Antoni celebró ayer una charla informativa sobre el nuevo cementerio y crematorio que se construirá en la zona de sa Pedrera y a la que apenas acudieron una veintena de vecinos.
Los habitantes del municipio acusan al Consistorio de haber aprobado el proyecto «a escondidas» y no consideran que la isla cuente con otro crematorio más. «Ya tenemos uno en Santa Eulària y no hay tantas muertes en la isla. No va a salir rentable y acabarán dando un mal servicio», criticó Alberto, un vecino al que le «afecta» directamente la decisión de instalar el nuevo crematorio en la zona de Can Coix.
Sin embargo, los expertos consideran que el mercado es «libre» y los habitantes tienen que tener la posibilidad de elegir entre dos opciones para poder quedarse con la más rentable. «Es un negocio», pudo oírse entre los asistentes.
Por su parte, Alberto dijo que «tengo dos hijas que van al colegio que está allí y yo practico deporte en las instalaciones deportivas y no me gusta; sabemos que los crematorios son contaminantes».
En este sentido, el alcalde de Sant Antoni, Pep Tur ‘Cires', explicó que su creación es una «necesidad» que surge de una demanda que va en aumento. «Hemos hecho un estudio y después se ha hecho un proyecto acorde con las necesidades del municipio. «Cumple con todas las normativas de Medio Ambiente, podemos estar todos tranquilos», agregó.
Los expertos aseguraron que, aunque ahora la población de Sant Antoni es «joven», en 20 ó 25 años envejecerá y «hará falta».
Datos concretos
«Hemos estudiado la mortalidad del municipio a 50 años y de ahí hemos extrapolado los datos de incineración», apuntó Pedro Valencia, consultor de servicios funerarios. Así, explicó que en España estamos ya por encima del 36% de incineraciones, aunque muy por debajo de países nórdicos que superan el 80%.
«En Sant Antoni queremos llegar en un años a incinerar a un 50% de las personas que fallecen», matizó; lo que se traduce en un centenar de personas al año.
En cuanto al coste del cementerio y del crematorio aún no se tienen cifras exactas, pero rondará entre los 2,5 y tres millones de euros. «Es un concurso público. Tenemos ahora tres meses para recibir ofertas y decidir a quién se le adjudica. Después, en el momento en el que se firme, al día siguiente se empieza a gestionar y después hay un plazo de dos años», matizó el alcalde.
Las infraestructuras estarán en sa Pedrera y los ciudadanos podrán consultar los estudios previos realizados en el Ayuntamiento o en el portal de transparencia de este.