La concejala de Recursos Humans del Ayuntamiento de Eivissa, Estefania Torres y el teniente de alcalde de Economia i Hisenda, Alfonso Molina convocaron ayer una rueda de prensa para explicar la situación actual de la contratación de Recursos Humanos del Ayuntamiento, a raíz de la anulación de la solicitud de la convocatoria de oferta pública de empleo por parte de la Delegación de Gobierno, en la que se incluían cinco nuevas plazas de policía para el municipio.
En dicho último informe, recibido por el Consistorio el pasado 14 de febrero, la Delegación alega que la Ley de Presupuestos no contempla la creación de nuevas plazas y por eso las anula a lo que, según información de los asesores jurídicos, el Ayuntamiento responde que existen interpretaciones y sentencias que explican que tal anulación es «errónea porque cumplimos la ley pero dentro de esta ley hemos interpretado que podemos hacer los ajustes pertinentes sin incrementar el gasto de personal», explicaba el teniente de alcalde subrayando «que esto no crea nueva plazas sino que es un ajuste y que atiende a la necesidad urgente de estabilizar la plantilla del Ayuntamiento, de promoción interna y de mejora de la plantilla de la policía, a la de funcionarios de carrera».
A la espera de una aclaración requerida a la Delegación del Gobierno, Molina concluía que tanto esta como el Partido Popular «no permiten dar buenos servicios públicos a los ciudadanos porque no permiten», recordaba, «a un ayuntamiento en superávit gestionar de forma eficiente en ámbitos donde antes habían carencias».
En este sentido, la concejala justificó que ya en 2017 se habían aprobado 38 plazas en diferentes conceptos: «21 de ellas permitían consolidar las plazas a los interinos, 2 plazas por tasa de reposición, 4 eran de promoción interna y 11 plazas de nueva creación sin incremento de gasto de personal, de las cuales 5 eran de policía a tiempo completo», y según instó la Delegación, «esto último es lo que quiere que eliminemos», aclaraba Estefania Torres.
Asimismo, la edil explicó el contencioso de forma concreta: «el 22 de diciembre se aprobó la convocatoria, a lo que dos días después la Delegación emite un informe requiriendo información con respecto a la solicitud de nuevas plazas que finalmente son anuladas del acuerdo y por la que hemos solicitado una aclaración de si se anula todo o no, porque entendemos que la medida tomada por la delegación del Gobierno perjudica seriamente a los ciudadanos del municipio», explicó la concejala de Recursos Humanos.