El borrador de anteproyecto de ley de cambio climático de Balears elaborado por la Conselleria d'Energia ha traspasado las fronteras de Balears y de España. Una de las medidas que ha generado más expectación es la prohibición de la entrada de vehículos diésel a las Islas a partir de 2025. El conseller Marc Pons (es Mercadal, 1973) explica algunos de los puntos de la futura ley.
¿Por qué 2025 para poner fin a la entrada de vehículos diésel?
—Para que haya el tiempo suficiente de garantizar que todos estaremos preparados a la hora de aplicar esta medida. Los objetivos de París y el compromiso de este Gobierno con este acuerdo de llegar a 2050 sin recursos fósiles y poder funcionar a partir de energías renovables requiere un tiempo suficiente para preparar las medidas que hacen efectivo este objetivo final. Se trata de un tiempo prudente para hacerlo posible y más con los avances tecnológicos en este terreno.
Los concesionarios son los más críticos al considerar que el sector no está preparado...
—Me reuní con todos ellos hace unos tres meses en el marco de unas jornadas europeas de vehículo eléctrico en Madrid y una de las conclusiones a que se llegó fue que alrededor de 2022 el precio del vehículo de gasolina y el eléctrico estarán a la par, de modo que empezará a existir vehículo eléctrico de segunda mano, lo que supondrá un revulsivo para la flota eléctrica. Por tanto, podemos enviar un mensaje de tranquilidad.
Balears es la primera comunidad que toma una medida de este tipo, ¿cree que el Gobierno central puede poner algún impedimento al hecho de que una comunidad permita vender coches diésel y otra no?
—Es muy importante dejar claro que en Balears no se va a prohibir la venta de vehículos diésel. La ley limitará su circulación a partir de un determinado momento, como ya hacen a día de hoy algunas ciudades europeas. La normativa europea da margen de maniobra en la limitación de la circulación ligadas a cuestiones medioambientales y estas competencias son de la comunidad. Si el Gobierno de España decide buscar la confrontación se equivoca porque el mundo va en esta dirección y más que remar en contra le pedimos que juegue a favor.
¿Hay precedentes de alguna región o país que haya tomado esta medida?
—Noruega solo permitirá la matriculación de vehículos eléctricos a partir de 2025, Eslovenia fija 2030 y Francia y Alemania hablan de 2040. Aquí lo planeamos por etapas.
Es decir, a partir de 2025 no se podrá matricular ningún vehículo diésel en Balears.
—Lo que no se permitirá es la circulación de los nuevos, de modo que se frenará su entrada.
¿Habrá sanciones?
—Sí, pero no es una ley recaudatoria. Habrá avisos.
Entonces, no podrá entrar en Balears ningún vehículo diésel, ni nuevo ni usado...
—Así es. Pero hay que tener en cuenta que se trata de una ley de principios generales a 30 años visto.
En cambio, sí que estará permitida la compraventa de vehículos diésel usados a partir de 2025.
—Sí, de los que ya estén dentro de la comunidad.
Un residente que viaje con su vehículo diésel a partir de 2025, ¿podrá entrar de nuevo?
—El reglamento que desarrollará la ley resolverá este tipo de cuestiones puntuales, pero en principio sí, podrá entrar de nuevo.
Y en caso de que un residente a partir de 2025 se compre un vehículo diésel en otra comunidad...
—No podrá entrar al no ser su vehículo anterior a esta fecha.
¿Esta medida afecta también a los vehículos de servicio público, como los taxis?
—La ley solo regulará motocicletas, utilitarios y furgonetas, por lo que la prohibición no se extiende ni a vehículos profesionales, ni de mercancías porque la tecnología no está preparada. Tampoco afecta a los taxis, si bien hay un paquete de ayudas al sector para su reconversión.
¿Cree que si estas medidas no se tumban, todos los vehículos de Balears serás eléctricos en 2050?
—Estoy convenido de que sí, no solo en Balears sino en toda Europa.
¿Cómo se conseguirá que todos los vehículos tengan acceso a puntos de carga dentro de 30 años, especialmente los que no tienen párking público o privado?
—Con un proyecto ya aprobado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible de 10 millones de euros que permitirá instalar más de 500 puntos de carga ultrarrápida –20 minutos– en todas las Islas en los próximos cinco años. En 2023 tendremos más de 500 puntos ultrarápidos y más de 300 semirápidos -cuatro horas-, que ya están en todos los municipios. Además, habrá más del ámbito privado -ahora hay seis de Endesa- y otros impulsados por el Gobierno. Entiendo que cualquier cambio puede generar tensiones, pero ya existe una ‘app' con la ubicación de los puntos de carga públicos.
¿Cómo se pagará?
—Al igual que ocurre con los puntos de carga privados, el usuario tendrá una tarjeta de crédito.
Si en 2019 hay un cambio de Govern y retira estas medidas, ¿qué puede ocurrir?
—Nos avanzamos a los problemas de futuro para resolverlos de forma ordenada y planificada. Los mandatos de Europa serán en esta dirección y así nos lo indicó en Bruselas el comisario Miguel Arias Cañete ya que las nuevas directrices serán cada vez más restrictivas. Nos gustaría que la ley balear naciera con un gran consenso político.