El juzgado de instrucción número tres de Ibiza, cuya titular es la magistrada Carmen Martín, instruye una causa por un presunto delito de prevaricación contra el presidente del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer, y el gerente de la institución, Isidor Torres.
Este procedimiento penal se inició como consecuencia de una sentencia del juzgado contencioso administrativo número dos de Palma, de marzo de 2016, que falló a favor de un bombero y en contra del Consell. Además, y aquí viene lo grave, ordenó a la Fiscalía investigar la «posible comisión de hechos delictivos ante la admisión de aspirantes y posterior contratación, careciendo de requisitos para ello, así como, específicamente, respecto de la paralización injustificada de nombramiento durante más de un año».
Irregularidades.
Fue el propio juzgado el que consideró digno de investigación en la jurisdicción penal el comportamiento de los máximos dirigentes del Consell de Formentera y de ahí que se haya abierto esta causa, pues se anuló el nombramiento de dos bomberos que en perjuicio del denunciante y sin cumplir alguno de los requisitos, accedieron a una plaza.
El Consell recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que estimó parcialmente el recurso y redujo la indemnización a percibir por el bombero perjudicado, pero ratificó las irregularidades en el proceso selectivo, lo cual se investiga ahora.
A fin de esclarecer su participación en los hechos, tanto Ferrer como Torres deberán comparecer ante la jueza el próximo día 24 de abril en calidad de investigados. Hace poco se decía imputados.
Con estas sombras en la actuación de la institución que gestiona Gent per Formentera con mayoría absoluta, absolutamente documentadas y con claros indicios delictivos, que no se circunscriben a meras irregularidades administrativas, ya ventiladas y resueltas por la Justicia con reproche para el Consell -e indemnización para el perjudicado que, obviamente, no han pagado los responsables de dichas irregularidades sino el conjunto de ciudadanos, aunque dependiendo de cómo termine el asunto, no hay que descartar que acaben haciéndolo-, desde el Consell aún tienen ánimos para cargar contra el bombero que resultó perjudicado, al que hay que indemnizar y a quien la Justicia ha dado la razón.
Tanta es la arrogancia.
Se acusa al bombero de pretender cobrar sin trabajar, en lo que supone una descalificación inaceptable y un ataque a quien ha resultado perjudicado en un proceso irregular, presuntamente originado precisamente por quien ahora lanza dardos envenenados con el descarado propósito de desviar la atención sobre sus actos y ya de paso, menoscabar la reputación del bombero denunciante.
Aquí no está en duda el comportamiento del bombero ni se investigan sus pretensiones, sino que lo que está bajo la lupa del juez es el presunto proceso irregular en la contratación de los bomberos del Consell de Formentera. No pretenda nadie poner el foco sobre el bombero, pues es sobre Ferrer y Torres sobre quien está puesto.
Y es cierto que les ampara la presunción de inocencia, que no permite adelantar acontecimientos ni cargar culpas sobre quién no ha sido condenado en firme. Pero por lo mismo, descalificar al denunciante es muy rastrero. Viniendo de una institución pública, de un gobierno insular, es inaudito.
No más anuncios de prostitución.
Hay que felicitarse por la iniciativa del Consell d'Eivissa en contra de los anuncios de prostitución. Ahora habrá que ver si quien sigue publicándolos revisa su proceder, porque están muy bien las semanas feministas, pero se cae en flagrante contradicción si a la par que uno se proclama feminista, se publican anuncios denigrantes para las mujeres, además cobrando por ello. Nosotros en Periódico de Ibiza y Formentera ya no lo hacemos y créanme que nos sentimos muy bien por ello. Animamos a todos a intentarlo.
Feliz domingo de Pascua.