El Consell d'Eivissa aclaró ayer, a través de un comunicado de prensa, que la decisión de convertir el Hospital Residencia de Cas Serres en residencia sociosanitaria no es una decisión de la institución ya que viene ordenada por el Decreto 100/2010 que regula el funcionamiento del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Baleares, que desarrolla una orden anterior del Ministerio de Sanidad.
La institución afirmó que «de ninguna de las maneras, puede situarse al margen de la ley» y ésta indica que las plazas hospitalarias y residenciales deben estar físicamente separadas y los servicios y el personal segregado. «Adoptar estas medidas en Cas Serres supondría la pérdida de plazas y servicios, además de unas largas obras de reforma en profundidad del edificio», expresaron. Así, precisaron, se ha optado por una resolución que comporte cumplir con la ley y no perder ningún servicio sanitario y mantener todo el personal.
El Consell ha informado a los trabajadores de la residencia Cas Serres de la situación y así el día 11 volverá a celebrarse una reunión ya que «los contactos serán constantes y regulares con la voluntad de que todo el proceso de transición se haga con la máxima transparencia», aseguraron.
Para la máxima institución insular, es «legítimo y comprensible» la preocupación de los trabajadores por el futuro del Hospital Residencia, aunque el «compromiso es máximo para que la solución sea la más satisfactoria para todos y, especialmente, para los pacientes.
Los trabajadores del hospital residencia Cas Serres emitieron un comunicado el viernes asegurando que mañana lunes se manifestarán delante de las puertas del Consell d'Eivissa. Los empleados expresaron el escrito su «total y absoluta repulsa ante el hecho de la no renovación de la licencia para seguir actuando como hospital, no sólo por el hecho sino por las formas». Aseguraron, además, que en la primera reunión con el equipo de gobierno expresaron su preocupación sobre si dejaban de actuar como hospital: «Nos dijeron que eran rumores infundados, nos llamaron a la calma y garantizaron de palabra que iban a lucharlo para mantenerlo como tal», algo que no va a suceder, según el Consell, porque les obliga la ley.