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Caso 'Eivissa Crea'

La Policía recaba en el Ayuntamiento de Ibiza expedientes y contratos del caso Eivissa Crea

Imagen de archivo del edificio de Can Botino en Dalt Vila, sede del Ayuntamiento de Ibiza.

| Eivissa |

Agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se personaron ayer en el Ayuntamiento de Eivissa para recabar diversos expedientes, contratos, decretos y documentación relacionada con la investigación abierta en el marco del casoEivissa Crea', el proceso que investiga una presunta trama para contratar personas y servicios de forma irregular y que salpicó a responsables del PSOE y del Ayuntamiento de Vila, entre ellos, el actual teniente de alcalde, Alfonso Molina.

Los agentes se trasladaron a primera hora de la mañana de ayer hasta la sede municipal de Can Botino para reclamar una serie de documentación en Secretaría, y la presencia policial también se hizo efectiva en las instalaciones municipales del Cetis, en el departamento de Recursos Humanos.

Según precisaron fuentes policiales, los agentes de la Policía Judicial no llevaron a cabo un registro, sino que la personación tenía por objeto recoger una documentación concreta: contratos, decretos y expedientes solicitados por el juzgado en el marco de la investigación por el caso ‘Eivissa Crea'.

Tras varios años de investigación, un sobreseimiento en 2014, y una reapertura en 2015, la investigación del caso ‘Eivissa Crea' se reactiva con la reclamación de una documentación que, según explicaron fuentes policiales y municipales, «no había sido solicitada hasta ahora». Fuentes de la investigación precisaron que el Ayuntamiento ya había sido requerido para que entregase la ampliación documental exigida por el juez instructor.

A primera hora de la tarde el Ayuntamiento de Eivissa emitió un comunicado en el que indicaba que, «como no podía ser de otra manera, los departamentos de Secretaría y Recursos Humanos se han puesto a disposición de los agentes y han trabajado conjuntamente para facilitar toda la información solicitada por los juzgados de Ibiza». La nota añadía que el Ayuntamiento «confía en que la aportación de esta información contribuya a esclarecer y finalizar, cuanto antes, esta investigación, ya que mantiene en una situación injusta a todas las personas a las que se ha implicado, dado que la causa lleva abierta nueve años». Además, subrayan que la documentación solicitada en el día de ayer no había sido reclamada previamente, ya que de ser así se habría entregado dado que la predisposición del Ayuntamiento es total».

Amplian diligencias

Las actuaciones de ayer se enmarcan en las diligencias llevadas a cabo después de que en 2015, la Audiencia Provincial reabriese el caso al admitir un recurso presentado por el Partido Popular y que solicitaba la revocación del auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza en junio de 2014.

El denominado ‘caso Eivissa Crea' arrancó después de que la Fiscalía de Ibiza admitiera a trámite una denuncia anónima presentada en 2009 y en la que se apuntaba a diversas personas vinculadas al PSOE y al Ayuntamiento de Vila, entre ellas el actual teniente de alcalde, Alfonso Molina. La denuncia apuntaba a una presunta trama para contratar personas y servicios de forma irregular a través del proyecto ‘Eivissa Crea' y el vivero municipal de empresas.

EL APUNTE

El caso fue archivado en 2014 pero la Audiencia de Palma ordenó seguir investigando

El caso Eivissa Crea es un presunto caso de corrupción que nació a raíz de una denuncia anónima enviada a la Fiscalía en 2009.

Se investiga una supuesta trama para contratar de forma irregular a personas y empresas para el proyecto Eivissa Crea del Ayuntamiento de Ibiza.

Fueron imputados, entre otros, el actual teniente de alcalde de Hacienda, Alfonso Molina, y el exconseller insular de Economía Joan Serra Mayas, ambos del PSOE.

El juzgado de Ibiza archivó el caso en 2014 al no apreciar indicios suficientes de delito, pero la Audiencia Provincial ordenó en 2015 la reapertura y practicar más diligencias indagatorias.

La Audiencia instó a esclarecer las circunstancias de contratación de personas y de empresas “entre cuyos cargos sociales y, como accionistas o partícipes, actúan varios de los imputados”.

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