Marcha atrás con una solución intermedia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acordado retomar su señalamiento inicial y celebrar los días 30 y 31 de mayo el juicio por una estafa inmobiliaria que el lunes había reprogramado para los días 28 y 29 de noviembre «vista la imposibilidad de encontrar acomodación en la isla de Ibiza para los miembros del Tribunal que se desplazan para el enjuiciamiento».
Según informaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, la vista oral se desarrollará en los días inicialmente previstos a través de videoconferencia «a fin de evitar demoras».
Así, las partes personadas en el procedimiento podrán comparecer en los juzgados de Isidor Macabich, «sin perjuicio de que la parte que lo considere oportuno pueda desplazarse a la sede de la Audiencia Provincial en Palma».
Las mismas fuentes indicaron que el Tribunal «no ha conseguido alojamiento en la isla de Ibiza para las fehas señaladas, teniendo en cuenta la dieta establecida por el Ministerio de Justicia, que refleja un máximo de 97 euros el día para el alojamiento». Asimismo, señalaron que las «opciones de alojamiento disponibles en dichas fechas no se encontraban en el municipio de Ibiza y el desplazamiento a los juzgados en el caso de no alojarse en Ibiza no está incluido en la dieta».
Para la celebración de un juicio la Audiencia Provincial desplaza a unas cinco personas, tres integrantes del Tribunal, un secretario y un agente judicial.
El lunes, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial firmaba una diligencia de ordenación que demoraba el jucio medio año ante la imposibilidad de conseguir hotel para los miembros del tribunal.
Satisfacción entre las vícimas
Los hechos que deben ser juzgados se remontan al año 2006 cuando los tres acusados realizaron una serie de contratos de compraventa sobre una serie de viviendas a construir en una finca de Sant Rafel.
Los perjudicados expresaron ayer su satisfacción por la rectificación y agredecieron la decisión del tribunal. Además, apuntaron que la situación vivida «pone de manifiesto las penurias y estrecheces de la Justicia, que acaban perjudicando a los débiles y a las víctimas porque no hay que perder de vista que el juicio se celebrará más de una década después desde que se produjeron los hechos denunciados», indicaron.