El Govern balear espera que el decreto de posidonia entre en funcionamiento este verano. Así lo anunció ayer Vicenç Vidal Matas, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sant Josep.
«El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears hizo un conjunto de aportaciones que estamos incorporando para enviarlo al Consell Consultiu, que es el que tiene que hacer la revisión jurídica», explicó Vicenç Vidal.
El conseller de Medi Ambient admitió que todavía no hay una fecha concreta para aprobar el decreto sobre la protección de la Posidonia oceánica en Baleares, ya que «tenemos que respetar tanto los tiempos como la independencia del Consell Consultiu».
En caso de que el Consell Consultiu emita un dictamen favorable al texto, deberá ser aprobado por el Govern. Baleares, que cuenta con la mayor superficie de praderas de posidonia del Estado, será la primera región en la Unión Europea (UE) que regula la protección de esta planta de gran valor ecológico, uno de los ecosistemas más importantes del mar mediterráneo.
Vicenç Vidal puso en valor el trabajo de su equipo de gobierno en la conservación de la planta y afirmó que se han dado «pasos importantes».
Entre ellos, un dispositivo de embarcaciones para informar y evitar el impacto ambiental que generan sobre ella. El campo de boyas que en los lugares más sensibles evita los fondeos para protegerla, así como la elaboración de una cartografía de las praderas de posidonia para mejorar la calidad de aquellas zonas donde hay falta de información.
Pioneros
«Europa mira a las Islas Baleares como un referente en protección al medio ambiente, con políticas valientes, como son la Ley de Residuos y la Ley de Cambio Climático», finalizó el conseller de Medi Ambient del Govern, quien afirma que la Comisión Europea se ha interesado por las políticas medioambientales del gobierno que preside Francina Armengol.
El decreto no cuenta con el apoyo del PP. Los populares acusan a los partidos del Pacte (PSOE, Més y Podemos) de perjudicar al sector náutico, contra el que según afirman se dirige este decreto. Unas declaraciones que el conseller Vicenç Vidal niega.