El PP de Sant Josep denunció ayer la «pésima gestión» del equipo de gobierno socialista en las concesiones de playas del municipio al no haber resuelto aún las concesiones, «por lo que llegan tarde y mal, provocando retrasos en el inicio de la actividad y, por consiguiente, importantes pérdidas a los concesionarios que podrían pedir responsabilidades al Ayuntamiento».
Según los populares, la «lamentable política de playas» del equipo de gobierno «ya costó al PSOE la dimisión de un concejal hace dos años. Ahora, la actual responsable del área pasa la pelota a la segunda teniente de alcalde en el tema de las nuevas concesiones».
La portavoz del PP en el Äyuntamiento de Sant Josep, Neus Marí, asegura que los socialistas «van dando palos de ciego en este tema, con incomprensibles cambios de criterio», y recuerda que desde el PP ya recomendaron al equipo de gobierno «que no esperara tanto tiempo para empezar a trabajar en el nuevo pliego».
Para el PP, otra muestra de la «incongruencia» del equipo de gobierno es que «hace dos años premiaron la mejor oferta económica y ahora la demonizan». Para los populares, resulta «incomprensibl»e que se exija una justificación de la oferta económica al 35 % de quienes optan a una concesión por considerar que ofertan una cantidad desmesurada. «Hace sólo dos años el PSOE hizo una defensa a ultranza del sistema de subasta», recuerda Marí.
«Cuando el PP criticó el sistema de subasta porque suponía vender las playas al mejor postor, no cambiaron ni un ápice su postura y dos años después su criterio es radicalmente opuesto, lo que demuestra que el PSOE no tiene una política de playas. En 2016, se llegaron a pagar en Cala Bassa más de 3.000 euros por hamaca y temporada y ahora piden una justificación de las ofertas que, a su juicio, pueden resultar temerarias», señala la portavoz del PP josepí.
Desde el principal partido en la oposición explican que el propio Ayuntamiento «admite en sus bases diferencias en los precios de salida en una misma playa, de manera que por un mismo elemento dicho precio puede oscilar entre los 250 y los 750 euros». «El equipo de gobierno sólo justifica esta variación acogiéndose a la oferta y la demanda. Si esto es así, ¿con qué criterio valorará las supuestas ofertas temerarias?», se pregunta la portavoz.