La modificación de la ley de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de Baleares (más conocida como ley ‘Ómnibus') que actualmente se está tramitando en el Parlament de les Illes Balears, puede costar muy cara tanto a las arcas públicas de la Comunidad Autónoma como a las del Ayuntamiento de Sant Josep.
Esta modificación de la Ley 5/2015, surge de una proposición de ley presentada por Més per Menorca en septiembre del año pasado e incluye 15 enmiendas de los grupos PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Podem Illes Balears. A través de esta iniciativa legislativa se pretende la modificación de muy distintas normas como la Ley de Ordenación Farmacéutica de Balears, la Ley de la Función Pública y también la muy reciente Ley de Urbanismo.
Trámite parlamentario
Hoy mismo la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament dictaminará sobre las enmiendas presentadas al texto inicial por los distintos partidos. Una de estas enmiendas, que pretende modificar la Ley de Urbanismo aprobada el pasado día 29 de diciembre, fue presentada a iniciativa de Podemos y plantea un cambio en la Disposición transitoria 14ª, que afecta al suelo urbanizable de Playa d'en Bossa y de Cala Tarida.
El portavoz parlamentario de Podem, Alberto Jarabo, manifestó el día 9 de mayo que se presentaba la enmienda «no para derogar la disposición porque vemos una connivencia entre PP y PSIB para mantenerla, pero sí para que al menos Matutes no pueda lucrarse todavía más con esta legalización». Así, explicó que la enmienda obliga a que los usos que los terrenos tienen actualmente se mantengan, que no pueda haber ningún uso lucrativo mayor del cual existe ahora mismo y «que no se pueda modificar el uso para beneficiar todavía más a quien ha hecho un uso alegal hasta cierto punto de estos terrenos».
Podemos defendió en un comunicado que se había conseguido «reducir los efectos negativos de la disposición 14ª de la Ley de Urbanismo, conocida como ‘Matutes' y limitar así el desarrollo urbanístico de los terrenos que se puedan beneficiar de la legalización que planteaba esta disposición adicional».
Depredación del territorio
De este modo, la formación morada se felicitaba de rectificar la disposición aprobada con los votos de PP y PSOE (con el voto en contra de Podem), a instancias del Ayuntamiento de Sant Josep (que gobierna en minoría el PSOE y que preside el alcalde socialista Josep Marí Ribas ‘Agustinet'), y que afectaba a Platja d'en Bossa y Cala Tarida. A juicio de Podem, aquella disposición permite la legalización de obras y urbanizaciones construidas sin ajustarse al planeamiento, lo que «solo podía servir para fomentar el urbanismo ‘a la carta' y una construcción desmesurada». «Hemos querido cerrar toda posibilidad de mayor depredación del territorio», afirmaron.
Podem acusó a PSIB y PP de permitir que las construcciones se mantuvieran y afirmó «no podemos consentir que haya una extensión aún mayor de los posibles edificios que hasta ahora quedaban en manos de los ayuntamientos afectados». Se reconocía así que se restringe una competencia del consistorio de Sant Josep de sa Talaia.
«Hemos presentado una enmienda no para derogar la disposición porque vemos una connivencia entre PP y PSIB para mantenerla, pero sí para que al menos Matutes no pueda lucrar todavía más con esta legalización», manifestó Jarabo.