Sabe cuánto se tarda en redactar un Plan General de Ordenación Urbana? ¿Y unas normas subsidiarias? ¿Sabe cuánto tardaron los técnicos en tener un borrador presentable de la Ley de Urbanismo que fue aprobada el 29 de diciembre? Yo se lo diré: años. ¿Sabe por qué? Porque cada cambio debe estudiarse con lupa para no perjudicar injustificadamente a nadie, porque de otro modo cada afectado irá a los tribunales y reclamará ser compensado por cada perjuicio, presente y futuro, y por cada merma en sus derechos, como es natural. Nadie acepta dócilmente ser despojado de sus derechos, por mucho que lo diga una ley que, además, solo puede beneficiar y nunca perjudicar si no es con las debidas compensaciones.
Esta legislatura se recordará como aquella en que se cometieron mayores aberraciones jurídicas en la historia de nuestro autogobierno. El Parlament ha aprobado leyes que el Govern ha modificado tan solo pocas semanas después vía Decreto. Sucedió con la reforma de la ley turística que se bautizó gráficamente como ‘Ley Frankenstein'. ¿Usted cree que alguien ha pedido perdón por ello? Lo que en cualquier empresa supondría el despido fulminante por incompetencia, en la sede de la soberanía legislativa autonómica ha sido el modus operandi habitual en estos últimos tres años.
Chapuzas legislativas. Enfilando el tramo final de la legislatura, el Govern se vio en la necesidad de arreglar las numerosas chapuzas cometidas a través de una ‘ley escoba' que subsanase las deficiencias. Pero Podemos dijo que con ellos no contasen porque es sabido que no cometen errores jamás, a pesar de que son los principales responsables de las mayores barbaridades cometidas durante esta legislatura del tercer Pacte de Progrés.
Presionados por sus socios del PSOE y de Més, dieron el brazo a torcer pero exigiendo contraprestaciones imposibles que los socialistas se han avenido a conceder porque no es plan tener sobresaltos a estas alturas de mandato.
Así, los podemitas sacaron a pasear una de esas manías que tanto les acomplejan y exigieron expropiar los derechos de un adinerado. Ya saben que ellos representan a la gente humilde (o eso decían hasta que supimos que sus máximos dirigentes se compraban palacetes) y nada hay más justo que robar a un rico para repartírselo a los pobres. Como cinco meses antes, a través de una disposición adicional a la Ley de Urbanismo presentada por el PSOE a instancias del Ayuntamiento de Sant Josep, se abría la posibilidad de regularizar la situación de unos terrenos al tener la consideración de urbanizables y además, estar consolidados, solucionando un problema que afecta a 5 propietarios de Platja d'en Bossa (uno de los cuales es Abel Matutes) y más de 200 de Cala Tarida, era el momento propicio para darle la vuelta a la cuestión y aunque fuera a costa de perpetrar una aberración jurídica más, desposeer a Matutes de sus derechos.
Una expropiación. ¿Cómo han justificado su enmienda para modificar la Ley de Urbanismo? No se han tomado la molestia de disimular diciendo que se busca proteger el medioambiente. Nada de eso. La cara bien alta que se trata de robar a un rico, una expropiación en toda regla de la que sentirse bien orgullosos. Pero ¿saben que pasa cuando se expropia? Que hay que pagar indemnizaciones. Eso es lo que sucederá con total seguridad. Pero a los incompetentes e irresponsables que han llevado a cabo esta barbaridad les da igual porque la fiesta no la pagarán ellos. Los millones que costará los pagaremos entre todos. Y por eso les importa un bledo. Les trae al pairo lo que cueste. ¡Que se fastidie Matutes! Pero Matutes hará el negocio igual, solo que en lugar de pagar arquitectos y albañiles, pagando abogados. Los mismos que impulsaron una comisión de investigación de las autopistas que solo ha servido para tener que pagar a Matutes por haber almacenado las tierras, ahora le harán ganar una fortuna sin mover ni un dedo. Una fortuna que pagaremos todos y que buena falta nos haría para Cas Serres, o para Can Misses, o para Can Nebot. Ya ve. Menudos gestores.
Qué paguen ellos. El conseller de Territori del Govern balear, Marc Pons, en un ejercicio de enorme cinismo, afirma que la ‘enmienda Matutes' se hizo «pensando en el interés general». Sabe que no es cierto, porque en primer lugar no la hizo ni él ni el PSOE; y en segundo lugar, sus autores, los diputados de Podem, han explicado claramente que la hicieron buscando que «al menos Matutes no se pueda lucrar más con esta legalización». Así de sincero fue el portavoz parlamentario de Podem, Alberto Jarabo. De sincero y de prevaricador. Pese a eso, el PSIB defiende la medida que supone disminuir la autonomía municipal de Sant Josep (con la monserga que nos vienen endilgando los tres alcaldes socialistas ibicencos durante esta legislatura sobre su sacrosanta autonomía arrebatada por la Ley Montoro...) y lo más importante: con toda probabilidad acarreará indemnizaciones que ríete tú de Punta Pedrera y Roca Llisa. La ruina absoluta. Al menos Podem, Més y PSIB, si tan convencidos están de que no pasará nada, podrían comprometerse a pagar ellos las compensaciones a los propietarios de Platja d'en Bossa y Cala Tarida. ¿No se atreven? Ojalá les obligue a hacerlo un juez algún día. Es hora de que sus despropósitos los paguen ellos.
Feliz domingo.