El chiringuito de Punta Cala Gració no abrió finalmente ayer sábado. Pero parece claro que la apertura se producirá la semana que viene, o al menos así lo explicaron algunos trabajadores del propio chiringuito durante la mañana de ayer.
Siempre y cuando la empresa Bambagas S.L., propietaria, aporte «el certificado de final de obra y los documentos que engloban todas las licencias necesarias», explicó el jueves pasado Josep Tur Cires, alcalde de Sant Antoni. El alcalde aclaró que «cuando la tengamos, la estudiaremos y daremos una respuesta».
Cires hizo referencia así al artículo 47.2 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividad en las Illes Balears, que detalla que «la presentación de la declaración responsable, cuando se trata de obras de edificaciones, construcciones e implantaciones de instalaciones de nueva planta o de casas prefabricadas e instalaciones similares, el certificado municipal de finalización de obras facultará para el inicio y el ejercicio de la actividad».
El propietario de la empresa Bambagas S. L. tiene un plazo determinado para presentar la documentación exigida por el Consistorio. En caso de que el chiringuito cumpla con todos los requisitos recibirá la licencia de actividad; de lo contrario, deberá ser desmontado y no podrá comenzar su actividad.
Pese a que la apertura se esperaba para el jueves 24 de mayo, la Policía Local se presentó ese mismo día por la mañana en las instalaciones para notificar a la empresa que «no pueden iniciar ni ejercer actividad hasta que no se expida el certificado municipal de finalización de obras», una notificación que el propietario recibió el martes por correo electrónico.
Indignación ciudadana
El hecho de que el chiringuito sea «ecológico y desmontable» no convenció a plataformas ciudadanas como Prou! o las propios vecinos, cuyo descontento fue mayúsculo cuando se enteraron de la instalación de nuevo negocio sobre las rocas de un lugar a unos pocos metros del mar.
Sobre esta cuestión, el alcalde se defendió el pasado jueves alegando que se trata de una situación «nueva y compleja» en la que intervienen varias administraciones que tienen «diferentes puntos de vista». Asimismo, reconoció que ningún técnico del Consistorio había previsto el «impacto visual y ambiental» del chiringuito cuando se concedieron las licencias iniciales.
Ante la pregunta de si este impacto es motivo suficiente para emitir un informe desfavorable por parte del Consistorio, el alcalde respondió no saberlo. «Me gustaría que el quiosco no estuviera ahí, pero una cosa es que no me guste por el impacto que produce y otra que legalmente estemos obligados a dar la licencia, que es la situación en la que estamos».