El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, defendió ayer en el pleno de Parlament que la administración responsable de autorizar el chiringuito de Cala Gració es la Demarcación de Costas. «La decisión política es de quien otorga esta concesión», aseguró Pons, que señaló directamente como responsable a la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom. «Deberían pedirle que en vez de poner recursos contra el catalán y buscar guerras innecesarias se dedique a controlar a su gente para que haga las concesiones de forma correcta».
El conseller explicó que el Govern se ha limitado a elaborar un informe favorable con «criterios estrictamente de legalidad» que se basan en una orden de la Conselleria de Territori de junio de 2013, de la cual «era titular Biel Company» y en la que se aprobaban «los criterios generales de distribución e instalaciones de servicios de temporada en el dominio público marítimo-terrestre balear».
Marc Pons respondió así a una pregunta de la diputada del Partido Popular, Sara Ramón, que acusó al Govern de permitir un chiringuito «en una de las pocas zonas vírgenes de Sant Antoni» tras emitir un informe favorable. La popular recordó que la licencia «es de 2017» y que la ocupación de dominio público «es un derecho subjetivo», por lo que «por voluntad política y por coherencia» se podría haber negado la autorización de este «quiosco bar». Durante su intervención, también apuntó que los partidos de izquierdas se manifestaron en Sant Antoni al final de legislatura contra el nuevo Plan Urbanístico del municipio para «salvar la costa». Ramón preguntó dónde estaban ahora las políticas de protección del territorio, medioambientales y de saturación cuando permiten esta instalación «encima de las rocas y en una zona virgen donde nunca había habido antes un quiosco». «Su retórica política queda para eslóganes de campaña», acusó la popular al ejecutivo balear.
Posteriormente, en un comunicado de prensa el PP insistió en que la «hipocresía de la izquierda roza el esperpento». «Sorprende que precisamente ellos hayan sido los que han dado el beneplácito a esta instalación sin valorar el impacto medioambiental», declaró Sara Ramón, que añadió que «llama la atención que quienes mataron cabras a cañonazos para proteger una especie botánica, ahora ni si quiera valoren la existencia de una especie protegida vulnerable en la zona» ni la «degradación» que pueda tener este espacio por la afluencia de gente.