El día 12 de mayo de 2010 el Partido Socialista Obrero Español se colocaba, de la mano de su líder, entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el precipicio. Tras muchos meses ignorando las advertencias de los organismos internacionales e incluso de su vicepresidente 2º y ministro de Hacienda, Pedro Solves (que se vio forzado a dimitir en abril de 2009 según él explicó años después porque ante lo que entonces era una desaceleración económica, Zapatero se negó a tomar medidas de contención del gasto público y solo aceptó incrementar los impuestos), tuvo que subir a la tribuna del Congreso para anunciar una batería de medidas drásticas para reducir el gasto público sin precedentes en la historia reciente del país.
Recortes sin precedentes
Zapatero anunció la congelación de las pensiones, el recorte del salario de los funcionarios un 5%, la eliminación del “cheque bebé” de 2.500 euros por cada nacimiento, la reducción del 15% del sueldo de los altos cargos (incluidos los miembros del Gobierno), entre otras medidas de contención a las que el país se vio abocado para contener el déficit galopante y las enormes dificultades de financiación de la deuda pública española. Cuento todo esto porque se oye a muchos hablar de los recortes que aplicó Mariano Rajoy durante su mandato, pero no se acuerdan de los que aplicó el PSOE en 2010, que tampoco han pasado tantos años. Aquello fue congelar pensiones y bajar el sueldo a los empleados públicos, pese a lo cual su grupo parlamentario aplaudió su intervención.
Engañar a los electores
Pero me interesa más recordar que Zapatero aseguró durante su intervención que no era “fácil” proponer aquellas medidas tan severas. Muchos consideraron que dadas las circunstancias, Zapatero debió negarse en redondo a adoptar aquellas medidas que le exigía la Comisión Europea y presentar su dimisión. No lo hizo. Siguió en el cargo y anunció que no se presentaría a las siguientes elecciones, que se celebraron en noviembre de 2011. El PSOE fue derrotado por el PP de Mariano Rajoy, que obtuvo 186 diputados (32 más de los que tenía la legislatura anterior). El PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba perdió 59 diputados, quedándose tan solo con 110. El PP solo aumentó un 5,7% de los votos, pero el PSOE perdió el 38% de su electorado. Ahora, tras una larga travesía en el desierto, los socialistas han vuelto al Gobierno, aunque sin haber pasado las urnas.
Viene al caso que les cuente esto por la semana que hemos vivido, con la moción de censura que ha desalojado del poder al PP de Mariano Rajoy, y porque es bueno recordar la historia reciente. Los ciudadanos no aceptan ser engañados bajo ningún pretexto y quien lo hace, lo paga caro.
Excusas de mal pagador
Esto es lo que puede sucederle a Pablo Valdés, de Reinicia Sant Antoni, que estampó su firma en la autorización del nuevo chiringuito de Cala Gració cuando por coherencia, no debió hacerlo jamás. No puede habérsele olvidado tan rápido todo lo que él dijo e hizo cuando gobernaba el PP.
Ahora se escuda en los informes técnicos y en las zarandajas de rigor que no se cree ni él, porque ahora resultará que la instalación del polémico mamotreto sobre las rocas era algo inevitable, como cuando cae la lluvia. Pero es que aunque así fuera, él debería haber dimitido antes que autorizar un atentado como el que se perpetra en la costa con su firma y anuencia.
Solidez intelectual
Alguien con la solidez intelectual de la que el primer teniente de alcalde de Sant Antoni hace gala en sus redes sociales, que ha sido tan combativo contra las aberraciones urbanísticas ejecutadas en suelo portmanyí, que ha dado tanta guerra con el lema «Prou ciment, recuperem l'orgull portmanyí», no puede ahora parapetarse tras la Ley de Costas de 2015 (del PP, por si se le había olvidado) y tras la Constitución (que prometió por imperativo legal) y venir con el cuento de que aunque él hubiera querido hacer otra cosa, no le quedó más remedio que autorizar el chiringuito. No es verdad.
Pudo dimitir antes que estampar su firma y autorizar algo contra su voluntad, con una pinza en la nariz, entre arcadas irrefrenables. Porque si eso mismo lo hubiese autorizado un gobernante del PP, él habría clamado al cielo con razón. Y no le hubieran valido las ridículas argumentaciones como las que ahora él esgrime, tan vacuas como un plato plano.
Apesta
El caso que nos ocupa apesta. Apesta por todos lados y apesta más a cada excusa que oímos de los políticos que lo han autorizado. Demarcación de Costas dice que con los informes a favor del Ayuntamiento y del Govern, no podía hacer otra cosa que autorizarlo.
El Govern, que es cosa de Costas, lo mismo que Sant Antoni. Pero yo les aseguro una cosa: si esto lo hubiera un gobierno de otro color político, todos pensaríamos que alguien ha pagado para que todo el mundo firme el ok y que todos se den la culpa unos a otros de haberlo hecho, sin asumir lo que se está haciendo colectivamente. Si gobernara el PP los calificativos ya estarían sobre la mesa, lo cual sería muy comprensible porque normalmente si es blanco, va en botella de cristal, huele a leche y parece leche, suele ser leche. Y el caso del chiringuito de Cala Gració donde jamás hubo nunca uno, cuando la ciudadanía dice Prou! justamente para que no haya más chiringuitos de los que ya hay, es la leche. Y la firma Pablo. Y se tramita y aprueba por vía de urgencia. ¿A eso también obliga la Ley de Costas y la Constitución, Pablo? ¡Es la leche!
Feliz domingo.