Chantaje, extorsión, intolerable presión a los representantes de la soberanía popular y otras expresiones semejantes sirvieron este viernes a los partidos de izquierdas para etiquetar el escrito remitido al Parlament por el empresario Abel Matutes en el que pide la retirada de una proposición de ley que ya está en tramitación y donde amenaza con pedir indemnizaciones a quienes voten a favor.
En un alegato de 18 páginas, Matutes asegura que una disposición incorporada a la ‘ley escoba' a iniciativa de Podemos está pensada de forma exclusiva para perjudicarle a él por ser quien es ya que cambia la calificación de unos terrenos de su propiedad en Ibiza. Argumenta que aprobar una ley dirigida contra una persona es contrario a la Constitución ya que las leyes deben hacerse pensando en la generalidad de los ciudadanos.
Este escrito, tramitado en forma de petición que firma el propio Abel Matutes, ha molestado profundamente en la Cámara. Podemos, Més y Més per Menorca le acusan directamente de chantaje, mientras que el PSIB se mostró más cauto. El diputado Damià Borràs aseguró que la enmienda que cuestiona el empresario en realidad tiene efectos «inocuos». El PP, por su parte, se limitó a indicar que el escrito se tramitará cuando toque.
Las quejas
«No podemos dejar que este señor nos presione de esta manera porque su único objetivo es defender sus intereses y estas amenazas son intolerables», señaló la diputada de Més Joana Aina Campomar. «Nos desagrada profundamente este chantaje parlamentario al que nos somete el señor Matutes», añadió Nel Martí, portavoz de Més per Menorca. Laura Camargo, de Podemos, lamentó que Matutes piense que aún tiene derecho a poder dictar las leyes «y ahora ya no se hacen al dictado de los poderosos o de personas con un gran poder económico».
En cualquier caso, el escrito de Matutes ha provocado que el diputado de Més per Menorca haya pedido un informe jurídico para ver qué pasos deben darse a partir de ahora.
El pleno que debe aprobar la ley está convocado para el martes y el texto solo puede retirarse si lo pide un grupo parlamentario y el pleno está de acuerdo, algo muy improbable. Se da por hecho que la exigencia de Matutes no tendrá ningún efecto en el pleno.
La Mesa del Parlament deberá estudiar al miércoles la petición formulada por el exministro y excomisario europeo y será este organismo quien dé traslado del escrito a la Comisión de Peticiones. Para entonces, la ley ya estará aprobado por el pleno del Parlament a menos que los letrados de la Cámara digan lo contrario.