El empresario Abel Matutes afirma que el Parlament está actuando de forma deliberada contra él con el ánimo de perjudicarle, le pide que paralice la tramitación de una ley y anuncia que acudirá a los tribunales para pedir indemnizaciones si la Cámara aprueba el próximo martes la llamada ‘ley escoba' tal y como está redactada en estos momentos. La ley, incorporada al orden del día del martes, recoge una artículo a propuesta de Podemos que deja en el aire la calificación urbana de unos terrenos de su propiedad en Ibiza.
Lo inusual de la exigencia del empresario es que se ha hecho a través de un escrito de alegaciones dirigido al Parlament balear en el que pide expresamente la retirada de esta ley y, si no lo hace, «en su caso proceda a incluir la inexcusable previsión indemnizatoria».
El movimiento del empresario es algo insólito en el Parlament porque es la primera vez que un particular se dirige a la Cámara para pedirle que paralice la aprobación de una ley que está a punto de ser aprobada.
Derecho de petición
Para presentar su escrito de alegaciones, Abel Matutes –que firma el escrito en persona– se acoge al derecho de petición recogido en el artículo 51 del Reglamento de la Cámara balear. Dice que lo hace para exponer los motivos por los que el Parlament no debería aprobar una proposición no de ley «cuyo objeto es obstaculizar o impedir la actividad de una persona en concreto, con nombres y apellidos». Añade que se trata de medida «contraria a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» y explica «las consecuencias indemnizatorias» que tendría la aprobación de la ley «en virtud del Derecho constitucional y administrativo aplicable».
La enmienda hace un exhaustivo recorrido a los avatares urbanísticos de los terrenos de su propiedad afectados por el artículo ya incorporado al texto y asegura que Podemos presentó la enmienda basándose en un premisa falsa: que Matutes realizaba actividades «alegales» que le habían reportado «beneficios ilícitos».
El empresario sostiene que los terrenos son urbanos y añade que modificar la normativa por ley con una finalidad que responde a unas premisas que él considera falsas «supone un claro ejercicio arbitrario del poder legislativo». Afirma, en todo caso, que la decisión no corresponde al legislativo, sino que es una actuación de carácter administrativo que no puede adoptar el Parlament.
El empresario añade, por último, que la aprobación de esta propuesta es inconstitucional y alerta de que, si finalmente llega a aprobarse el martes, debería ir acompañada «sin ninguna duda» de una previsión indemnización patrimonial a los propietarios de los terrenos.