Tendemos a magnificar la capacidad perniciosa de nuestros gobernantes, singularmente cuando no son los que cada cual vota, porque con los que votamos somos bastante más condescendientes. Lo estamos viendo con la marcha de Mariano Rajoy, aunque antes lo comprobamos con José Luis Rodríguez Zapatero y antes que él con José María Aznar.
Lo cierto es que las decisiones de los políticos y las normas que ellos impulsan tienen consecuencias sobre la vida de la gente. A veces positiva, a veces negativa, pero siempre acaba recayendo sobre los administrados, los ciudadanos de a pié, los efectos de las decisiones de los políticos.
En un Estado de Derecho, para que quienes gobiernan no crean que su poder es absoluto, por más que dimane de las urnas y para que no incurran en excesos, están los tribunales. Ellos pueden corregir las decisiones de los políticos si no se ajustan a la Ley o establecer compensaciones cuando las decisiones erróneas o que cercenaban otros derechos de los ciudadanos, así lo exige. Nadie tiene por qué soportar una arbitrariedad, ni una actuación en su contra por la razón que sea.
Roca Llisa
Hoy les informamos de dos sentencias del Tribunal Supremo que han recaído hace pocos días por las cuales el Govern de les Illes Balears (eso es usted y yo, todos los ciudadanos de Baleares que pagan impuestos) debemos indemnizar con más de 15 millones de euros a propietarios de terrenos en la urbanización Roca Llisa de Santa Eulària, por la desclasificación que sufrieron en el año 2008 gracias a la Ley 4/2008 de medidas urgentes para el desarrollo sostenible. El segundo Pacto de Progreso liderado por el socialista Francesc Antich (ahora senador autonómico que se ausenta de la Cámara alta cuando a él no se le antoja votar como le indica su partido y aconseja el interés general, para mayor escarnio) impulsó aquella ley que pisoteaba derechos sin contemplaciones. Ahora pagaremos (literalmente) las consecuencias, pues tras estos primeros 15 millones, vendrán más.
Platja d'en Bossa
También entonces, como ahora, los diputados que aprobaban aquellas aberraciones jurídicas, se confesaban convencidos de que no había lugar a indemnizaciones. Nada, nada, tranquilos… Como en estos casos la fiesta no la paga quien la ha encargado, sino los invitados, pues ¡que siga la fiesta!
Por supuesto que Abel Matutes hace bien en advertir al Parlament de que las decisiones que allí se toman, tienen consecuencias para todos. Dado que se les ha olvidado, hace bien en recordáselo. Porque ahora también niegan que estén perjudicando a alguien en concreto modificando una Ley que solo hace 6 meses que fue aprobada. Pero lo hacen. Y lo pagaremos todos.
¿Saben cuántas escoletas, centros de salud o institutos se pueden hacer con 15 millones de euros? Muchos. Pero ahora habrá que sacarlos del erario público y pagárselos a varios propietarios de Roca Llisa. ¿Para qué? Para nada que merezca la pena.
Pues en Playa d'en Bossa pasará lo mismo, pero multiplicado por mucho. Las cifras son inimaginables. Porque a estas alturas decir que no se perjudica a nadie, cuando es evidente que se hace deliberadamente, que hasta se pavonearon de hacerlo movidos con esa intención en un comunicado de prensa que ahora dicen haber modificado, es reírse de la gente que va a pagar las copas que ellos piden y se beben.
Lo justo sería que fueran los políticos que impulsaron aquella Ley y los partidos políticos a los que pertenecían, quienes pagaran ellos las indemnizaciones. Con su propio patrimonio. Si eso no basta, pues que pague el Gobierno, pero primero ellos. Ibas a ver tú cómo se acababa la fiesta de golpe. Ni pagarán ni Xisco Antich comparecerá para pedir perdón por lo que hicieron. Dijeron que era bueno para todos y que no costaba nada.
Bueno no sé si fue, pero costar cuesta. Y mucho. Y mientras tanto, la isla de Ibiza sin quirófanos de la sanidad pública porque el nuevo hospital se construyó mal y se cuelan las moscas. Descuide, también esto lo pagaremos todos.
Feliz domingo.