El pleno del Consell d'Eivissa aprobó ayer, con la negativa del Partido Popular, modificar la relación de puestos de trabajo de la institución. De esta manera, el Consell tendrá 32 plazas nuevas con el objetivo de cubrir las necesidades que tienen los diferentes departamentos.
En este sentido, Marta Díaz, vicepresidenta y portavoz socialista, dijo que la oposición se había «cargado» en la pasada legislatura 163 puestos de trabajo en departamentos esenciales para la ciudadanía de la isla.
Sin embargo, el PP negó tal afirmación y acusó al equipo de gobierno de «inflar» los gastos de personal y de no ejecutar los proyectos presupuestados de los que dijo «están paralizados».
«Nosotros no despedimos a ningún funcionario, pero nos encontramos con una situación en la que no se podían pagar las nóminas y una deuda de dos millones de euros a la Seguridad Social», criticó la popular Pepa Costa.
La oposición también culpó al gobierno de destinar una tercera parte de los presupuestos a personal en «detrimento» de los Servicios Sociales. «Durante estos tres años de legislatura se han hecho ocho modificaciones de la relación de puestos de trabajo», matizó Costa. «En 2011 dejamos el Consell con 26 millones de euros en personal y con estos 32 puesto más subirá a 30 millones», añadió.
A pesar de las acusaciones vertidas por la popular, Díaz explicó que hay departamentos, como el de Menores, que se encontraron «desmantelados» a pesar de ser competencia del Consell.
Asimismo, señaló que el pasado 29 de diciembre se aprobó la Ley 19/2017 de suelo rústico de Balears que dice que el suelo rústico, en materia urbanística, es competencia directa del Consell. «Antes no era así porque era competencia de los ayuntamientos; ahora ha cambiado y hemos tenido que crear un departamento de disciplina urbanística porque no lo había», sentenció.
Aumento de personal también en el departamento de Turismo, de Transportes, de Intervención, de Tesorería y en la Oficina de Atención al Ciudadano, «donde se crean tres plazas más como consecuencia de la puesta en marcha de la administración electrónica».
Transporte público
En el pleno también se aprobó el ‘Plan insular de servicios de transporte regular de viajeros por carretera' que, nuevamente, contó con el voto en contra de la oposición.
Pepa Marí, consellera de Mobilitat, recordó que este plan será gestionado por una única empresa y su aprobación en pleno es el primer paso para poder licitarlo. A su juicio, este plan prevé mejorar el servicio público y cubrir las necesidades de los usuarios.
Sin embargo, la popular Pepa Costa justificó la negativa de su partido al considerar que es «inviable económicamente», lo que supondrá, dijo, un aumento tarifario para el viajero.
Asimismo, Costa indicó que la futura concesión tendrá unos ingresos de 10 millones de euros frente a los 15 de gasto. «Para compensar, el Consell pretende hacer una aportación de 2,5 millones de euros y la consellería de Educació pretende firmar un convenio de dos millones».
Aún así, los datos no les cuadran a los populares que afirmaron que la futura concesión tendrá un «peaje en la sombra» durante sus diez años de duración. «Tendremos que pagar 2,5 millones para una concesión de transporte público en la que la normativa europea dice que las concesiones tienen que ser autosuficientes».
En relación a esta acusación, Pepa Marí señaló que esa aportación «está prevista dentro del plan de viabilidad». Además, aseguró que su departamento está «trabajando» en explicar al interventor, que todavía no ha informado favorablemente sobre el proyecto, cómo van a justificar el dinero que la institución quiere invertir.
El pleno también aprobó una declaración institucional para reclamar al Govern que asuma la gestión del centro infantil de Can Nebot, en sa Carroca, para que pueda comenzar a funcionar en el curso 2018-2019.