La empresa concesionaria de Marina Botafoch, Puerto Deportivo Botafoch SL, ha elevado al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) un recurso contra la resolución en la que se deniega una prórroga para la gestión del puerto deportivo.
Según han informado desde la concesionaria, en el documento se rebaten los argumentos de la APB para tomar su decisión, como las sobreocupaciones registradas en la zona comercial, la insuficiencia económica en la oferta presentada y la falta de interés portuario en el proyecto de la concesionaria.
Así, en el caso de las sobreocupaciones, Marina Botafoch ha destacado que este exceso se debe «a la realización por los concesionarios de locales comerciales de cerramientos en las terrazas», un «asunto heredado que no es culpa de la empresa concesionaria».
Según han añadido, la concesionaria «carece de capacidad sancionadora» y, quien la tiene es «precisamente, la propia Autoridad Portuaria, que ha hecho caso omiso a los reiterados avisos hechos por la concesionaria».
Desde la empresa han asegurado que, «si tan importante era este asunto, no se entiende la inacción administrativa a lo largo de todos estos años».
Respecto a la falta de interés portuario en el proyecto presentado por la concesionaria, desde Puerto Deportivo Botafoch recuerdan que de las 22 propuestas de inversión «solo tres fueron cuestionadas por la Autoridad Portuaria y todas ellas han sido objeto de modificación o renuncia por el concesionario». Así, «las manifestaciones de Autoridad Portuaria son inmotivadas, arbitrarias, injustificadas, y dictadas a sabiendas de la manifiesta falta de fundamento de las mismas», han criticado.
Además, desde la empresa concesionaria mantienen que «en el proyecto de ampliación de plazo se recogieron propuestas que habían sido sugeridas por los propios técnicos de Puertos del Estado pese a que, en algunos casos, éstas respondían a intereses contrarios a los de la propiedad accionarial».
El tercer punto que alega Autoridad Portuaria para denegar la prórroga es la insuficiencia de la oferta económica, una afirmación que se hace basándose en un informe de un auditor independiente y que, en la resolución denegatoria, la propia APB admite que es «incorrecta», asegurando que las tasas en las que se basan los cálculos están «desactualizadas».
La empresa también ha asegurado que en todo momento ha manifestado su intención de «aumentar la oferta siempre que Autoridad Portuaria justificara que así debía ser».
Por último, desde la concesionaria han lamentado que en la propuesta para la denegación de la prórroga, Puertos del Estado argumentara en contra de la concesión apoyándose en las alegaciones al proyecto que presentó el Ayuntamiento, un documento que la concesionaria «no conoció hasta el último momento, pese a que había sido emitido hacía dos años» y que «no ha sido vinculante», según han dicho.
En dichas alegaciones, han explicado, el Consistorio hacía constar su contrariedad a la construcción de un edificio social y un supuesto 'beach club', dos edificaciones a las que la concesionaria ya había renunciado anticipadamente.